El Supremo de EEUU permite que víctimas del Apartheid exijan indemnizaciones a empresas

  • Piden compensaciones por un valor de 400.000 millones de dólares. Acusan a las compañías de violar el derecho internacional al colaborar con el sistema racista.

El Tribunal Supremo estadounidense ha confirmado hoy una sentencia de un tribunal de apelaciones de Nueva York según la cual las víctimas del Apartheid que están pidiendo indemnizaciones por valor de más de 400.000 millones de dólares (257.488 millones de euros) a más de 50 grandes empresas pueden seguir adelante con sus demandas.

Debido a que cuatro jueces fueron recusados en el caso y no había el quorum necesario, el Tribunal Supremo ha emitido una breve orden en la cual confirmaba el fallo del tribunal de apelaciones, que había readmitido las denuncias de los demandantes.

Éstos alegan que ciertas empresas violaron el Derecho Internacional al colaborar con el sistema del Apartheid que estuvo vigente en Sudáfrica desde finales de la década de los años 40 hasta principios de los 90, imponiendo la segregación racial en el país.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los jueces Anthony Kennedy, Stephen Breyer y Samuel Alito no participaron en el caso, al parecer porque tienen participaciones en algunas de las compañías demandadas. Por ello, el Supremo dijo que no existía el quorum necesario, que corresponde a seis jueces.

De esta manera, aunque la orden del Alto Tribunal permite que las denuncias sigan su curso, no constituye una decisión de los magistrados sobre la conveniencia de que continúe el caso. La mayoría de los jueces que estudiaron el caso consideraron que no podrá celebrarse una vista sobre el mismo ni se podrá emitir una sentencia durante el próximo mandato del Supremo debido a la falta de quorum, algo que ocurre muy raramente.

Entre las empresas citadas por los demandantes hay compañías petroleras como BP Plc o Exxon Mobil Corp; bancos, como Citigroup, Deutsche Bank AG o UBS AG, y otras multinacionales, como IBM, General Motors Corp o Ford Motor Co. El conjunto de las compañías apelaron al Tribunal Supremo, y el Gobierno estadounidense y las organizaciones empresariales respaldaron su decisión.

Las denuncias fueron presentadas en 2002 por tres grupos distintos de demandantes que representan a todas las personas que vivían en Sudáfrica entre 1948 y 1994 y que fueron víctimas del Apartheid. Este sistema de organización social y político finalizó en 1994, cuando Sudáfrica celebró las primeras elecciones en la que participaron ciudadanos de todas las razas, que llevaron al poder a Nelson Mandela.

Uno de esos grupos es el sudafricano Grupo de Apoyo Khulumani, que defiende los Derechos Humanos y representa a unos 36.000 demandantes. La miembro del consejo de la organización y víctima de torturas durante el Apartheid Shirley Gunn declaró: "Estamos encantados, es una victoria y estamos muy, muy contentos".

Por su parte, Charles Abrahams, un abogado sudafricano que defiende al Grupo de Apoyo Khulumani, consideró que la decisión del Supremo "es una noticia extremadamente buena" y añadió que ahora espera que el caso continúe avanzando en el Tribunal del Distrito de Nueva York.

El proceso judicial se complicó para la acusación cuando un juez federal de Nueva York desestimó sus denuncias porque, a su juicio, el tribunal no tenía jurisdicción sobre este caso. No obstante, estableció que las demandas, que se basan en la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros, podían seguir su curso.

El Gobierno de George W. Bush se posicionó a favor de que las denuncias fuesen desestimadas y afirmó que el Gobierno sudafricano se ha opuesto a ellas en repetidas ocasiones porque suponen una violación de su soberanía.

La Casa Blanca había instado al Tribunal Supremo a dictaminar que un particular no puede ser demandado en virtud de la Ley de Reclamación por ayudar e incitar a un Gobierno extranjero a cometer una violación del Derecho Internacional en su propio territorio.

Pero la defensa consideró que el caso no debe llegar aún al Tribunal Supremo y que lo adecuado es que sea analizado de nuevo por el tribunal de Nueva York. De hecho, la decisión del Alto Tribunal implica que el caso volverá al tribunal federal, que finalmente dictará una sentencia que, a su vez, podrá ser recurrida por la parte que no gane el juicio.

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