El Gobierno británico informó ayer de que las personas que aspiren a ser ciudadanos británicos estarán a prueba durante un año para demostrar que hablan inglés, que pagan los impuestos y que cumplen con la ley.

También se pedirá a los inmigrantes que contribuyan a un nuevo fondo para ayudar a las comunidades a enfrentarse a la creciente inmigración y aquellos que supongan una carga mayor para los servicios públicos, como los niños o las personas mayores, pagarán más que el resto.

Con estas medidas acordadas en el Parlamento, conseguir un pasaporte británico llevará al menos seis años en vez de cinco para las personas cualificadas o altamente cualificadas y los inmigrantes sólo tendrán acceso a todos los beneficios del pasaporte una vez que hayan pasado la prueba.

Los inmigrantes que no puedan demostrar que están integrados en su comunidad local tendrán que esperar tres años antes de poder optar a la ciudadanía. Sin embargo, los miembros de la Comunidad Económica Europea están exentos de estos requisitos.

"Es justo esperar que la gente obedezca las normas, hable nuestro idioma y contribuya a la comunidad", afirmó la ministra del Interior, Jacqui Smith.

Las nuevas medidas están motivadas por la preocupación pública sobre el aumento de inmigrantes en Reino Unido y por el temor de que éstos demanden servicios sociales y beneficios en exceso. "En un momento de cambio hemos respondido para tranquilizar a los británicos en relación con la forma en que podemos controlar la inmigración", afirmó Smith.