El Gobierno británico veta la publicación de sus actas sobre la guerra de Iraq

  • El ministro de Justicia, Jack Straw, sostiene que se provocaría un "grave daño" al Gabinete ministerial, mucho mayor que beneficio público que se obtendría

El Gobierno británico vetó este martes la publicación de las actas de las reuniones de su Gabinete ministerial sobre la invasión de Iraq en 2003, pese al fallo de un tribunal a favor de que se divulguen esos documentos. 

En una declaración ante la Cámara de los Comunes, el ministro de Justicia, Jack Straw, afirmó que la difusión de esos datos podría causar un "grave daño" al Gabinete, que, en su opinión, constituye un "principio esencial de la democracia parlamentaria británica". 

Según Straw, que firmó la orden de veto, ese "grave daño" resulta mayor que el posible beneficio público que pueda derivarse de la difusión de las actas, en las que quedaron reflejadas las discusiones del Gobierno acerca de la legalidad de la guerra. 

El titular de Justicia subrayó que la decisión de meter al país en la guerra de Iraq, tomada por el Ejecutivo que dirigía el entonces primer ministro Tony Blair, se ha examinado ya en varias investigaciones. 

"Hay que lograr un equilibrio entre la transparencia y el mantenimiento de aspectos de nuestra estructura de Gobierno democrático", argumentó Straw, al agregar que no ha tomado la decisión "a la ligera". 

El titular de Justicia invocó una cláusula de la Ley de Libertad de Información para vetar la divulgación de las actas. 

La decisión de Ejecutivo se conoció después de que el Tribunal de Información del Reino Unido dispusiera el pasado 27 de enero que, dado el "excepcional" interés público del caso, tienen que difundirse detalles de las reuniones ministeriales en las que se debatió la legalidad del ataque a Iraq. 

El Tribunal dictaminó que el Gobierno debe revelar las actas de dos reuniones del Gabinete celebradas el 13 y el 17 de marzo de 2003, o sea, días antes de la invasión de Iraq el 20 de ese mes. 

En esos encuentros, los ministros analizaron si el ataque contra Iraq era cumplía la normativa internacional, con la aportación del entonces fiscal general del Estado, Peter Goldsmith. 

El Gobierno tenía de plazo hasta hoy para bien publicar los documentos, bien presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Londres, aunque escogió finalmente la opción intermedia del veto. 

Tras la comparecencia de Straw, la oposición conservadora, que apoyó la invasión de Iraq, respaldó la decisión del Gobierno, aunque su portavoz de Justicia, Dominic Grieve, mencionó razones "abrumadoras" para una investigación completa de la guerra. 

Desde el Partido Liberal Demócrata, que se opuso rotundamente a la invasión, el ex líder de esa formación Menzies Campbell calificó de "decepcionante pero no inesperada" la decisión del Ejecutivo. 

"Si el proceso para adoptar la decisión de embarcarse en una guerra ilegal contra Iraq cuenta aún con el apoyo del Gobierno, ¿por qué no tienen el coraje de dejarnos ver las minutas del Gabinete?", se preguntó Campbell.

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