Colombia extradita a EEUU a 14 jefes paramilitares acusados de narcotráfico

  • Entre los acusados está Salvatore Mancuso, ex mando máximo de la organización ultraderechista · El motivo del traspaso a la Justicia norteamericana es el incumplimiento de los acuerdos de paz de 2006

El Gobierno colombiano extraditó ayer a Estados Unidos por narcotráfico a 14 ex jefes paramilitares, entre ellos 13 de los más importantes jefes de ultraderecha como Salvatore Mancuso, ex mando máximo de la organización paramilitar, por incumplir los acuerdos que habían firmado al desmovilizarse en una negociación de paz.

El ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, informó de que los extraditados fueron enviados al amanecer, tras ser trasladados desde las cárceles en que estaban recluidos hacia la base militar de Catam, en Bogotá.

El Gobierno colombiano mantenía suspendidas las órdenes de extradición de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como parte de los beneficios concedidos a los paramilitares por la desmovilización de unos 31.000 combatientes, que concluyeron en 2006 después de una negociación de tres años.

Además de Mancuso, entre los extraditados se encuentran el que fue portavoz de los paramilitares, Rodrigo Tovar Pupo, uno de los más sanguinarios líderes de la ultraderecha y Diego Fernando Murillo, conocido como Don Berna, un antiguo lugarteniente de un capo del narcotráfico.

Las AUC son señaladas como responsables de al menos 9.000 asesinatos, en su mayoría de civiles incluyendo dirigentes de izquierda, sindicalistas y campesinos que vivían en zonas de influencia de las guerrillas izquierdistas, contra las cuales habían lanzado una guerra a muerte.

La oposición colombiana acusó ayer al Gobierno de realizar la extradición para entorpecer las investigaciones que se realizan sobre los vínculos entre la ultraderecha y políticos oficialistas.

"El Gobierno está enviando hacia Estados Unidos a los mismos jefes paramilitares que firmaron los acuerdos con los parapolíticos", señaló Rafael Pardo, ex aspirante presidencial del opositor Partido Liberal.

Pardo señaló además que estas extradiciones ratifican el fracaso de la polémica ley de "justicia y paz", que concedía amplios beneficios judiciales a los líderes de los grupos armados que se desmovilizaran y entregaran bienes para reparar a sus víctimas.

Iván Cepeda, director de una fundación de víctimas, dijo a la AFP que la extradición pretende dejar en la impunidad a los políticos, militares y empresarios que estuvieron detrás de los crímenes. "Esta decisión busca impedir que se identifique a los cómplices políticos, militares y económicos, una parte de los cuales están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia", dijo Cepeda.

Unos 63 congresistas, casi en su totalidad de la coalición de Gobierno, son investigados por sus vínculos con los grupos paramilitares. De esa cifra, 32 legisladores se encuentran detenidos, entre ellos el senador Mario Uribe, primo del presidente.

El pasado miércoles, el Gobierno del presidente Álvaro Uribe extraditó hacia Estados Unidos al jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, y advirtió que tomaría la misma decisión si comprobaba que los dirigentes de la ultraderecha continuaban delinquiendo.

Por su parte, los líderes de ultraderecha habían admitido en el pasado que contemplaban como opción una negociación directa con la Justicia de Estados Unidos, donde se enfrentan a cargos por el envío de cargamentos con toneladas de cocaína.

El año pasado, la prensa colombiana informó que los antiguos jefes paramilitares contactaron desde la cárcel a través de sus abogados con las autoridades estadounidenses para explorar la posibilidad de recibir beneficios judiciales en las causas que les siguen por narcotráfico.

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