La Liga Norte de Italia, que se sienta a la derecha europea, no deja de sorprender al mundo con una batería de medidas propias del fascismo más autóctono recogidas por el primer ministro, Silvio Berlusconi.

Hace ya algunos meses que el goteo de informaciones referentes a los planes del magnate de la comunicación es incesante. Dos han sido los ejes principales de las medidas tomas por el Ejecutivo de Berlusconi desde que fue reelegido: perseguir la inmigración ilegal y salvar su propio pellejo de los innumerables casos turbios que le acosan.

En su primer Consejo de Ministros, Il Cavalieri aprobó que la inmigración ilegal sea delito, medida que vino acompañada de originales recursos para salvaguardar a Italia de la llamada "amenaza inmigrante", como hacer un censo de huellas digitales para los gitanos, facilitar la expulsión de extranjeros clandestinos, permitir las detenciones sin juicio o incrementar las penas a los sin papeles hasta un tercio más por un mismo delito.

La situación no es nueva. Berlusconi ya intentó hacerlo en su anterior legislatura en 2004, pero fue declarada una medida que entraba en contradicción con la Carta Magna. Pero fueron los italianos los que eligieron de nuevo al mediático primer ministro que, más crecido que nunca, en sólo unos meses se ha ganado las críticas de grandes instituciones, algunas también conservadoras.

Ni el Vaticano se sienta a la derecha de Berlusconi, ya que advirtió al Gobierno italiano, a través del secretario del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes, Agostino Marchetto, que tuviera siempre como límite el respeto a los derechos humanos.

También la Unión Europea por su parte se muestra preocupada por algunas de las armas que ha desplegado Berlusconi en su empeño por combatir la inmigración clandestina, como poner de nuevo fronteras para controlar la entrada a su país de algunos ciudadanos europeos. Se trata de renegociar el Tratado de Schengen con la intención de evitar la entrada a su territorio de determinados colectivos, en especial de los gitanos rumanos.

Europa, por su parte, frenaba en seco la posibilidad de suspender el acuerdo como pretende Berlusconi, que se aferra a cualquier vacío legal para barrer para casa, ya que Rumanía, aunque es parte de la UE, no está incluido en el espacio Schengen, por lo que sus ciudadanos podrían ser bloqueados en la frontera con Italia.

Y una vez encauzadas las normas que limpiarán Italia de la amenaza extranjera, el magnate de la comunicación se metió de lleno en su segundo y no por ello menos importante propósito: librarse de sus juicios pendientes por corrupción y seguir sentado en el sillón de primer ministro.

Para ello fue aprobada en junio la denominada por los opositores como la ley "salvar a Berlusconi" por la que se aplazan los procesos por delitos cometidos antes del 30 de junio de 2002, lo que le eximiría de ser juzgado.

No se puede negar la eficacia del primer ministro, que acompaña las leyes de su correspondiente paquete de medidas para su aplicación, como limitar las escuchas judiciales a casos de delitos graves como mafia, terrorismo o violencia sexual y castigar hasta con cinco años de cárcel al magistrado que ordene un pinchazo telefónico, a quien lo realice, así como a quien lo filtre o lo publique.

Y como contexto de esto, una Italia acostumbrada a las salidas de tono de Berlusconi, con su infinidad de declaraciones ofensivas y sus escándalos, como poner al frente de la cartera de Igualdad a una ex modelo con la que al parecer se enviaba mensajes de contenido sexual.

Quizás todas estas cosas hayan hecho pensar al primer ministro en atar bien los cabos de las publicaciones y las escuchas. Como buen empresario de la comunicación, Berlusconi siempre supo de la importancia de su imagen, aunque de un tiempo a esta parte parece estar por encima incluso de la opinión pública, tanto de Italia como del resto del mundo.