Granada

La década 'nevada'

  • Tomás Olivo abrirá el Centro Comercial en noviembre, justo cuando se cumplen diez años de la primera paralización de las obras

  • Ha sido un laberinto judicial y político que parece infinito

Hace justo diez veranos que comenzaron a sonar las alarmas. Políticos, fiscales y jueces empezaron a movilizarse por la construcción en la Vega de Granada de un enorme centro comercial que, si bien estaba llamado a ser un gran reclamo económico, su estructura mastodóntica de hormigón se visualizaba a kilómetros de distancia. Y además, su promotor era un tal Tomás Olivo (hasta ese momento, un nombre más), que estaba siendo investigado en Marbella como uno de los supuestos malhechores urbanísticos de la Operación Malaya.

Lo que hasta ese momento era un esperado proyecto en su recta final, que había contado con los parabienes colectivos, se convirtió en el dolor de cabeza más grande de la última década en esta ciudad, aunque afecta a todos los andaluces, porque la última decisión judicial obliga a la Junta a pagar más de 157 millones de euros al promotor por los años de barbecho en el que ha estado su proyecto.

Cabría pensar ahora que Tomás Olivo ha ganado esta larga batalla judicial, en la que se paralizó la obra llevada a cabo con una licencia que al final ha resultado legal. Pero ¿no fue condenado hace unos años por cometer delito urbanístico con esta construcción? ¿No fue obligado incluso a demoler parte del hormigón levantado? La explicación a esta aparente contradicción está en los diferentes caminos que tomó la investigación judicial.

Aquel verano de 2006, con el Partido Popular y los ecologistas bramando por la ocupación de terrenos de la Vega y Tomás Olivo en el ojo del huracán marbellí, la Fiscalía pidió más tiempo para indagar sobre este asunto, que finalmente llevaría al Juzgado, al encontrar indicios de delito. Se abría así la vía penal, negativa hasta el final para los promotores del proyecto Nevada.

Pero, en paralelo, la Junta de Andalucía inició otra batalla, larga y aciaga para la Administración, al llevar este asunto al Juzgado de lo Contencioso número uno de Granada, el mismo que ahora le condena a pagar. El objetivo era anular la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Armilla, pero al final del camino, en 2014, este permiso fue refrendado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Junta se llevó una reprimenda judicial por haber actuado con retraso.

Los munícipes de Armilla dieron la licencia de obras en septiembre de 2005 y a la Junta se le acabó el plazo de impugnarla, así que tuvo que pedir al propio Ayuntamiento que la revisara y llevar el asunto al Juzgado casi un año después ante la reticencia de Armilla a cambiar de postura. Para entonces la construcción del edificio ya estaba en su recta final y había muchos millones invertidos.

Los responsables de la Junta siempre han sostenido que actuaron según los tiempos y los trámites habituales, pero el hecho de que Armilla tuviera un gobierno socialista no ayudó a agilizar las cosas, pues la Junta tuvo que embarcarse en un conflicto que también era de orden político interno dentro del PSOE.

El 30 de septiembre de 2005 los miembros de la junta de gobierno local de Armilla dieron luz verde a la construcción del Centro Comercial Nevada, un proyecto ubicado en su término municipal, en la linde con los terrenos de la capital.

Aquel acto fue ratificado por la Justicia en la vía Contencioso administrativa, pero en el pleito penal se consideró que sus responsables cometieron un delito de prevaricación urbanística. El alcalde (José Antonio Morales Cara) y el concejal de Urbanismo (Gabriel Cañavate) en aquel momento fueron condenados a 15 meses de prisión y 8,5 años de inhabilitación. El resto de concejales de la junta de gobierno también recibió condena, aunque recientemente los cuatro han sido exonerados por el Tribunal de Estrasburgo. El promotor fue castigado con una pena de 15 meses de prisión e inhabilitación, así como el pago de una multa de 10.800 euros, por un delito contra la ordenación del territorio.

Los condenados aprobaron la licencia de obras desoyendo informes técnicos negativos y sin contar con otros preceptivos. A la polémica del asunto se sumaba la extraña pérdida de un informe clave, que desapareció del expediente municipal.

Estas condenas fueron impuestas por la Audiencia provincial, que endureció la sentencia que había firmado en primera instancia el titular del Juzgado Penal número 3 de Granada, donde se desarrolló uno de los juicios más largos y sonados que se han celebrado nunca en Granada.

También fue largo el proceso de investigación previo llevado a cabo por el juez de instrucción Miguel Ángel del Arco, que finalizó con 10 tomos y 5.000 folios después de más de dos años de tramitación en los que cada paso que daba acaparaba la atención de los medios de comunicación e iniciaba controversias políticas.

Pero el final de aquel proceso penal, que llegó para la mayoría de los condenados en 2011, era también muy esperado para conocer cuál sería el futuro del propio Centro Comercial, dado que hasta el fiscal llegó a pedir la "completa, íntegra y total" demolición del edificio, que afectaba a terrenos aún no clasificados como urbanos, además de invadir zonas verdes.

Tanto la primera sentencia como la posterior de la Audiencia permitieron dejar el edificio en pie, si bien, para restituir la legalidad urbanística el promotor fue condenado a demoler 1.446 metros cuadrados del edificio y otros 1.000 más que agregaron los magistrados en segunda instancia. Al final hubo un acuerdo entre Olivo y el Ayuntamiento de Armilla para compensar una parte con cesiones de terreno al municipio y derribar una esquina del inmueble que ocupaba incluso más metros de los que establecía la condena (alrededor de 4.000 metros).

Este paso, junto con la aprobación del nuevo Plan General de Urbanismo de Armilla, las modificaciones introducidas por el Ayuntamiento en los planes parciales que afectan al Nevada y la reciente ratificación (también por vía judicial) de este planeamiento, han despejado el horizonte del futuro Centro Comercial. Olivo ha anunciado su apertura para noviembre y, aunque la fecha responde a la lógica comercial navideña, también es el mes en el que se cumplirán los 10 años de la primera paralización judicial de las obras.

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