Un portavoz del Ministerio del Interior descuelga el teléfono y zanja el asunto secamente: "No damos datos sobre la seguridad de las casas cuartel". La explicación es válida. "Nadie le enseña sus cartas al enemigo". El enemigo, cómo no, es ETA, de nuevo en las portadas tras su penúltimo asesinato. Distinto es el ambiente entre los afiliados a la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO). Ellos tienen ganas de hablar, de desahogarse, de lanzar al Gobierno la enésima exigencia sobre su seguridad y la de sus familias.

Juan Antonio Delgado, secretario de Comunicación de la AUGC, admite el esfuerzo de los últimos ejecutivos por la modernización. Reparte méritos entre Aznar y Zapatero, pero cree que el dinero es "insuficiente". Una nota oficial proclama que los presupuestos de la Benemérita han crecido más del 44,3% entre 2005 y 2008, con el PSOE al mando, claro. Este año, la Guardia Civil cuenta con 3.000 millones extra. La partida de infraestructuras absorbe algo más de 100 millones e incluye obras en los acuartelamientos de Inchaurrondo (Guipúzcoa), Tarragona y Cádiz. En 2009 se prometen mejoras al menos en otros cinco cuarteles.

¿Con qué defensas cuentan los agentes ante posibles ataques etarras? Delgado sí se moja y recita las vídeo-cámaras, la contravigilancia ("a veces con agentes de paisano"), el control de las matrículas de los vehículos y la colaboración con la Ertzaintza. "El problema -explica- es que existen cuarteles muy antiguos cuya estructura no da para soportar muchas reformas". Juan Ramón Manzanares, secretario de la UO, lo corrobora. "Están realmente en muy mal estado; recuerdo que me destinaron a uno que llevaba más de 30 años sin recibir una sola mejora". "Hasta el agua se salía de los grifos", se queja.

Remozar los actuales emplazamientos es complicado por otra circunstancia: muchos se ubican en los cascos urbanos y están catalogados como patrimonio histórico-artístico, según Delgado. "Esos edificios están protegidos por los ayuntamientos y es casi imposible meterles mano". En Andalucía, y Delgado lo sabe muy bien porque es gaditano, "hay cuarteles con más de un siglo de antigüedad que por suerte tienen muros de dos metros, pero también hay otros que se levantaron hace 40 años con materiales mucho peores". Por ejemplo, el de la Comandancia de Cádiz, declarado oficialmente en ruinas aunque allí sigan viviendo guardias civiles con sus familias. No existe, por cierto, un inventario de los inmuebles y de su estado. Elaborarlo supondría "un trabajo de varias semanas", alegan en Interior.

A Juan Ramón Manzanares se le adivina la rabia en la voz. "Los cuarteles son guetos y, en contra de lo que pueda parecer, generan más inseguridad porque ahí dentro estamos todos reunidos y el objetivo se convierte en algo demasiado sencillo para los terroristas", opina. "Nosotros protegemos a la Familia Real, a los políticos, a los jueces... Pero, ¿quién nos protege a nosotros?"

La alternativa que plantea la UO para evitar muertes como la de Legutiano es sustituir el alojamiento concentrado por la dispersión en viviendas de alquiler. "Lo que pasa es que entonces tendrían que pagarnos más, y además hay municipios [sobre todo en Baleares y Canarias] con una escasísima disponibilidad". Antes de despedirse, Manzanares aporta un dato escalofriante. Los 80.000 agentes que componen actualmente el cuerpo disponen de unas 35.000 viviendas. "La mitad -estima- en estado claramente precario".