La sentencia más esperada

  • El retraso en la decisión sobre la constitucionalidad de algunos artículos del nuevo Estatuto catalán ha acaparado la tensión durante los últimos meses del año

Cataluña y el Gobierno español están en vilo por la sentencia sobre el nuevo Estatuto catalán de un Tribunal Constitucional (TC) que, tras más de tres años de deliberaciones de los recursos planteados por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco autonomías, ha acabado erosionado y bloqueado en su renovación.

Aunque los recursos están planteados desde 2006, la tensión ha ido in crescendo durante 2009, sobre todo en las últimas semanas, puesto que el TC ya ha deliberado en base a diferentes borradores y hay quien ve inminente una sentencia que promete ser polémica.

La presidenta del TC, María Emilia Casas, no ha aclarado si habrá sentencia próximamente -España inicia la presidencia de turno de la UE y este asunto podría ser una interferencia interna-, aunque dijo que "cuando se trabaja intensamente se obtienen frutos".

Mientras, el PSOE y el PP no se ponen de acuerdo en la renovación del TC pese a que el Alto Tribunal tiene cuatro magistrados con el mandato caducado y otros cuatro están a punto de finalizarlo. Además, el magistrado fallecido Roberto García-Calvo sigue sin ser sustituido y el PP logró que el TC aceptase la recusación de Pablo Pérez Tremps, no así la de la propia presidenta del tribunal.

Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que avaló recientemente la constitucionalidad de un Estatuto que volvería a votar en las Cortes, pidió "calma" y aparcar el "alarmismo" en Cataluña, en donde los nervios están a flor de piel con las elecciones catalanas cada vez más cerca (otoño 2010).

El PSC cree que un recorte del Estatut también significaría un varapalo para el PSOE y Zapatero, que lo votaron en las Cortes.

En un ambiente tenso, el presidente catalán, José Montilla, ha lanzado diversos avisos porque no piensa dar "pasos atrás" en el autogobierno, y se ha conjurado en defender el Estatut "hasta sus últimas consecuencias" apelando al "espíritu" de 1979.

En la celebración del Día de la Constitución, Montilla pidió al TC que no se erija en una nueva Cámara legislativa, después de que el nuevo Estatut fuese aprobado en 2006 por el Parlamento catalán, el Congreso, el Senado y avalado por un referéndum.

Montilla sólo ha avanzado de su plan b que piensa convocar una cumbre de líderes catalanes si el TC recorta el Estatut. Están en juego cuestiones como el término nación, los derechos históricos, los símbolos nacionales o el deber de conocer el catalán.

A la presión de la mayoría de los partidos catalanes se han sumado en 2009 iniciativas de la sociedad civil catalana, como la protagonizada por doce diarios editados en Cataluña, que publicaron un editorial en defensa de la constitucionalidad del Estatut.

Este asunto ha sido avalado en esta comunidad por sindicatos, patronales, cámaras de comercio y representantes del mundo de la cultura e incluso de la religión.

La inquietud se traduce en nervios en la oposición catalana, puesto que CiU ha hecho varias propuestas, desde revalidar en un nuevo referéndum el texto que salga del TC a organizar una cumbre de líderes antes del fallo, pasando por pedir el concierto económico.

En el tripartito han chirriado los engranajes. El conseller Joan Saura (ICV) pidió la dimisión en bloque del TC para facilitar su renovación. Josep Lluís Carod-Rovira (ERC) propuso una manifestación preventiva. Montilla desautorizó a ambos.

La sentencia se ha convertido así en una patata caliente para todos; también para su principal recurrente, el PP, formación que no accedió a la La Moncloa en las pasadas generales por su gran diferencia en escaños con los socialistas en Cataluña.

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha hecho gestos con Cataluña en 2009, comunidad que ha visitado de forma más asidua y en donde protagonizó por primera vez la recepción de la Diada de Sant Jordi. Pero el PP no da su brazo a torcer y mantiene su recurso sobre 114 artículos, algunos idénticos en otros estatutos. Montilla ya avisó a las CCAA que han reformado sus estatutos de que una sentencia negativa también les perjudicaría.

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