Ala espera de que el Ecofín cierre definitivamente el 10 de julio el rescate bancario de España, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en la Junta Directiva Nacional del PP del pasado lunes en Sevilla que ahora toca "pisar el acelerador de las reformas". Pese a que Rajoy ha insistido hasta la saciedad en que el crédito de hasta 100.000 millones de euros no conlleva contraprestaciones macroeconómicas, habrá que esperar a ver en el sentido del "paquete de restricciones presupuestarias muy severas" que adelantó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, o los nuevos ajustes que avanzó el de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en aras del cumplimiento del objetivo de déficit, para saber el calado de esta nueva vuelta de tuerca.

Para implementar lo que no dejan de ser nuevas exigencias europeas, el Gobierno parece apostar por seguir otorgado al Parlamento un papel instrumental. Tras eludir en el Pleno los debates monográficos sobre los recortes en sanidad y educación y la intervención de Bankia y aparcar el Debate del estado de la Nación, la agenda política de julio y agosto no apunta a un cambio sustancialmente de estrategia, sino todo lo contrario: rodillo parlamentario para sacar adelante el nuevo paquete de decretos ley que Moncloa prepara. En estos meses, en principio, están previstos más Consejos de Ministros -6, 13, 20 y 27 de julio y 3, 17 y 25 de agosto- que sesiones plenarias -la comparecencia el 11 de julio de Rajoy para informar del último Consejo Europeo; un control al Ejecutivo entre los días 18 y 19 de julio, y un Pleno para finales de agosto para ratificar los nuevos ajustes-.

En cuanto al contenido de los mismos, la subida del IVA, tantas veces negada, está pendiente de pequeños detalles. Y la posible suspensión de la Ley de Dependencia, entre las opciones con más posibilidades. Pero, además, el Ejecutivo ultima una rebaja o una congelación de salarios a los empleados públicos, así como a los pensionistas. Nadie descarta que, siguiendo la estela de Italia, que prescindirá de 100.000 funcionarios, abra la puerta de los despidos en las administraciones públicas, una vez que la reforma laboral, ya aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados, los facilita.

La reforma de las administraciones locales que prepara el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, será el nuevo emblema de esta nueva segunda tacada de reformas del Gobierno de Rajoy. Casi con toda seguridad, una vez remitido el documento base a los grupos, será aprobada en el último Consejo de Ministros de julio.

El PSOE, que a través de Gaspar Zarrías, diputado y secretario de Ciudades y Política Municipal, ha estado negociando intensamente con Montoro, está en contra de un texto que es un "auténtico pastiche", vacía de competencias a los ayuntamientos, aplica a hierro la Ley de Estabilidad y tiene como principal objetivo de la "privatización" de los servicios municipales. Si acaso, los populares podrían alcanzar algún acuerdo con CiU, el grupo parlamentario con el que en estos primeros siete meses de legislatura han tenido más sintonía.

Esta reforma se plasmará inicialmente en una modificación sustancial de la Ley de Bases de Régimen Local y posteriormente se recogerá en la Ley de Haciendas Locales.