El Consejo de Ministros aprobó ayer el informe sobre la reforma de la Ley de Extranjería, la cual pretende ser más restrictiva con los flujos migratorios dados los tiempos de crisis económica, aunque también garantizará mayores derechos hacia este colectivo. Uno de los principales endurecimientos lo protagonizará el plan de reagrupación familiar.

El Gobierno pretende que los inmigrantes que residan durante más de un año en España puedan reagrupar a su cónyuge o, como novedad, a su pareja de hecho. Sin embargo, las restricciones girarán en torno a los familiares ascendientes, los cuales deberán contar con un permiso de residencia de larga duración, que sólo se consigue tras cinco años de estancia legal en el país, y tendrán que superar además los 65 años de edad. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, informó durante el Consejo que este endurecimiento motivará a que la agrupación no tenga un impacto en el mercado laboral. "De lo contrario llega la frustración y hay una sensación de falta de futuro al que ha sido reagrupado", afirmó. El ministro recalcó también la elevación de las sanciones para las infracciones en materia de extranjería, de modo que las muy graves pasan de 60.000 euros a 100.000 euros y las graves de 6.000 a 10.000.

El borrador de la Ley aumentará de 40 a 60 días el plazo máximo de internamiento. Y no contemplará, tal y como confirmó el ministro, casos excepcionales, a pesar de que en un primer momento se pensó en la posibilidad de que este período pudiera alcanzar los 70 días en estos casos.

Distintas asociaciones de inmigrantes ya han rechazado la limitación a la reagrupación familiar, entre ellos el portavoz de la Asociación Ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, quien considera la medida "absurda y desproporcionada". Por contra, la Confederación Española de Policía mostró su apoyo a la mencionada restricción, porque "acaba con la reagrupación en cadena" y con un "coladero" que da lugar a la nacionalización o reagrupación individual, aunque pertenezcan a la misma familia.