Lo admiten los propios implicados: la situación del Poder Judicial ha adquirido tintes tan exageradamente folletinescos que aburre. Ni siquiera el fallecimiento del magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo ha servido de triste revulsivo. Las cosas siguen como estaban. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se renueva ni a tiros. El quiste se formó en noviembre de 2006, fecha en que expiraba su mandato, y nadie parece dispuesto a extirparlo. Cuatro jueces del Constitucional -los que designa el Senado- también deberían hacer las maletas. Lo de García-Calvo es la puntilla y podría tener consecuencias de calado.

El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, guardó silencio al principio y se sinceró a los pocos días: la solución es vincular la vacante que deja el veterano magistrado a un pacto global con el PP que resuelva todos los asuntos pendientes. Los populares apuntan una salida diametralmente opuesta. Nada de renovaciones en bloque sino caso a caso. Según la ley, la Cámara Baja, que fue la que eligió a García-Calvo, ha de nombrar a su sustituto por mayoría cualificada para cubrir el año y medio de labor que aún tenía por delante el fallecido. El sistema de cuotas permitió al PP en su día proponerle, por eso quiere que se respete la tradición ahora.

Contar con un hombre de la cuerda popular es clave para recortar el Estatut. Sin García-Calvo y con Pérez-Tremps (afín al PSOE) apartado, quedan diez jueces, cinco por cada bando, y decidiría el voto de calidad de la prorrogada presidenta, María Emilia Casas, del palo progresista. La batalla hoy se libra ahí y nadie está dispuesto a ceder.

Hablamos con los jueces y cunde el escepticismo, un escepticismo gris negruzco que indica no sólo cansancio sino enfado. "Lo primero que nos ha llenado de tristeza y vergüenza es que tras un fallecimiento tan trágico de alguien tan joven y significado, con una trayectoria tan sideral, nadie se haya dignado a hacer una mínima glosa de sus pasos por esta profesión. Los políticos se han lanzado directamente a especular sobre cómo queda el Tribunal", se queja el portavoz de la conservadora APM, Antonio García Martínez.

"A nosotros el tema de la renovación nos importa cada vez menos no porque despreciemos al organismo, que es una pieza de extraordinaria trascendencia que debiera ser mimada, sino porque los políticos españoles, con su actuación, no se acomodan a lo propio de una democracia de pantalón largo y de país puntero", critica. "El TC sólo se utiliza como objeto de manoseo; es un plato sobre el que todo el mundo se lanza con voracidad", añade.

Su homólogo en Jueces para la Democracia, José Jaime Tapia, pasa de puntillas por la muerte de García-Calvo y entra de lleno en la vertiente técnica del problema. "Lo que está clarísimo es que hay que renovar ya tanto el CGPJ como el TC". "Se me cae la cara de vergüenza cuando algún colega de la UE me pregunta por el episodio que estamos viviendo en España con los jueces", reflexiona antes de cargar contra el PP por su afán de negociar cada renovación por separado. "Yo tampoco hablo de que sea idónea una renovación en bloque porque hay diferencias entre el CGPJ y el TC, pero sí me parece acertado que, dado el retraso acumulado, ambas se acometan cronológicamente a la vez aunque con negociaciones separadas", explica Tapia.

La APM de García Martínez invierte la poca fe que conserva en exigir a PSOE y PP un verdadero poder autónomo. "Hay que esforzarse por encontrar a la persona que, por independencia, solidez y trayectoria vaya a garantizar una buena labor. Si nos salimos de ahí, si regresamos al dichoso tema de las cuotas, nos negamos a entrar en el juego. No queremos contribuir a la destrucción de un órgano tan importante", advierte. También eso parece improbable. Los socialistas rechazan que los jueces escojan entre sí a los mejores. Y el PP propone lo contrario. Como siempre.