Los partidos atan en corto a sus parlamentarios y les obligan a obedecer la disciplina de voto, y aunque habitualmente todos cumplen, alguna vez aparece un díscolo que, eso sí, después de desobedecer tiene que pagar.

La sanción anunciada por el PP al senador por León Juan Morano, que rompió dicha disciplina hace algunas semanas y votó a favor de mantener las ayudas al carbón, se une a una larga lista de amonestaciones a parlamentarios que en algún momento desoyeron a sus partidos y se pronunciaron en sentido contrario al de su grupo.

Normalmente las multas oscilan entre los 300 y los 600 euros, según la "gravedad" que la dirección del grupo estime oportuna en cada caso.

Al contrario de lo que pasa en otros sistemas como el estadounidense, los parlamentarios elegidos en España -sea cual sea la institución- están obligados por sus partidos a respetar la disciplina de voto.

Por eso no pueden desmarcarse para defender los intereses de la circunscripción a la que representan si no quieren verse sometidos a castigo. Y eso sin olvidar que un díscolo puede quedarse fuera de las listas en la siguientes elecciones. Con esa amenaza de por medio, son pocos los que se atreven a salirse del esquema.

Uno de los casos más sonados fue el de Federico Trillo y Celia Villalobos, quienes hace dos legislaturas, en 2005, fueron sancionados por romper la disciplina de voto del Partido Popular, aunque en casos muy distintos el uno de la otra.

Villalobos votó a favor, de manera intencionada, de la ley por la que se reconoció el matrimonio homosexual, a la que su partido se oponía, mientras que el ex ministro votó en contra de la reforma de la ley del divorcio, ante la que el grupo popular se había abstenido.

Otros compañeros suyos también han sido castigados en estos años, como los murcianos Arsenio Pacheco y Alberto Garre, que tuvieron que pagar 300 euros por romper la disciplina de voto y rechazar la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

En la anterior legislatura, el ex secretario general de CCOO Antonio Gutiérrez, elegido diputado en las filas socialistas, tuvo que afrontar hasta un par de sanciones por no respetar la disciplina de voto, y todo ello en pocos meses.

Fue a la hora de votar la reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, meses después, la reforma constitucional que introducía en la Carta Magna el equilibrio presupuestario. Gutiérrez fue un poco más allá que otros compañeros suyos de bancada, como los representantes de la corriente Izquierda Socialista Juan Antonio Barrio de Penagos y José Antonio Pérez Tapias y el ugetista Manuel de la Rocha, quienes se limitaron a ausentarse del pleno del Congreso de los Diputados en el que se aprobó la reforma de la Constitución para no tener que posicionarse en contra.

Los de Izquierda Socialista no eran precisamente nuevos en cuanto a hacer prevalecer su criterio por encima de la disciplina de voto y el propio Barrio de Penagos ya había sido sancionado con anterioridad por votar a favor de una moción de ICV que pedía la reprobación del ex director de la Oficina Económica del Gobierno David Taguas.

En la actual legislatura, Izquierda Socialista no tendrá oportunidad de discrepar porque esta corriente crítica del PSOE no ha conseguido representación parlamentaria.

Para evitar conflictos, algunas fuerzas han llegado a dar libertad de voto a sus diputados en temas peliagudos, como por ejemplo CiU con la interrupción voluntaria del embarazo, ya que ni siquiera consiguieron ponerse de acuerdo los dos partidos que conforman el grupo: Convergencia Democrática y Unió Democrática de Cataluña.

El PSC -partido confederado al PSOE- está estudiando la fórmula para que sus diputados puedan votar distinto a lo establecido por la dirección del grupo en casos puntuales en los que discrepen, si atañen a los intereses de Cataluña.

De hecho, en más de una ocasión han sido puestos en apuros por otros grupos parlamentarios, como CiU o ERC, e invitados a romper la disciplina de voto, como ocurrió varias veces la pasada legislatura a cuenta del Estatuto de Cataluña y la posterior sentencia del Tribunal Constitucional. Finalmente, nadie se salió del guión.

Aunque tanto PP como PSOE tienen una amplia nómina de sancionados, también en otros partidos ha habido castigos a cuenta de la indisciplina.

Por ejemplo, cuando en el año 2008 se rompió el acuerdo entre el PP y UPN, la dirección de este último partido abrió expediente al diputado Santiago Cervera, que se dio de baja y se afilió al Partido Popular.

Situación opuesta vivió el otro diputado navarro elegido en esa coalición, Carlos Salvador, que fue multado por el PP por seguir las instrucciones de UPN a la hora de votar los Presupuestos Generales del Estado para 2009.