El Desafío independentistaCrisis de Estado

Cinco días para rectificar o inmolarse

  • Los socios de Puigdemont presionan para que se declare la independencia, pero si convocara elecciones evitaría más daño y la intervención de la Generalitat

Puigdemont, durante la manifestación del sábado. Puigdemont, durante la manifestación del sábado.

Puigdemont, durante la manifestación del sábado.

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Todos los periódicos de Barcelona solicitaron este domingo en sus editoriales el adelanto de las elecciones autonómicas en Cataluña, como único modo de detener la aplicación del artículo 155 de la Constitución, salvar la intervención de las instituciones de la Generalitat y acabar con el procés para encontrar otro tipo de soluciones. Hasta los periódicos independentistas, caso de Ara y Avui, coincidieron con lo que es clamor escrito: presidente, ponga las urnas. Pero el bloque independentista se encuentra dividido, es deudor de la gente que echó a las calles con sus ayudas y sus falsas promesas. Éstas son las opciones a las que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, puede recurrir en los próximos cinco días. El Pleno del Senado aprobará el viernes la propuesta de intervención, por la tarde se reunirá el Consejo de Ministros y el sábado entrará en vigor la destitución de Puigdemont, de todo su Gobierno y el control de la Cámara autonómica.

Elecciones y Senado

A partir del viernes, Mariano Rajoy asume la potestad de disolver el Parlamento de Cataluña y convocar elecciones autonómicas. Pero hasta ese día, Carles Puigdemont sigue en activo, se puede adelantar y establecer una fecha para los comicios. Ello supondría un avance en el restablecimiento de la legalidad o, al menos, la suspensión de la paralegalidad de las dos leyes de rupturas. La Cámara quedaría disuelta y la Generalitat convocaría las elecciones, de acuerdo con la ley orgánica española (Loreg), porque carece de alternativa. Si esto ocurre, es muy posible que el Senado paralice la aplicación del 155, que se dé un tiempo. En Moncloa no verían con malos ojos esa salida y, desde luego, el PSOE se pensaría el apoyo al artículo 155, que ha abierto una brecha dentro del PSC.

Aunque el desarrollo del 155 supone la vuelta a la legalidad, el Gobierno es consciente de las dificultades para hacerse con el control de la administración autonómica. Pesa lo ocurrido en la jornada del 1 de octubre, un fracaso estatal en término de prevención y control del orden público. Si algo no desea Mariano Rajoy es volver a situaciones de coerción que sean empleadas por los independentistas. El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, que ha mantenido el tipo durante todo este tiempo al lado de los constitucionalistas, ha mostrado a Puigdemont cuál es el camino: ir el jueves al Senado, hablar y, a continuación, convocar elecciones.

La independencia no es posible. Los teóricos de la segregación, que han consumido cuantiosos fondos públicos en estudios repartidos por institutos y universidades, han errado estúpidamente al no considerar los costes del proceso de independencia. No es que estuvieran mal calculados, es que creían en una independencia a la carta. Dieron por hecho que la Unión Europea les abriría la puerta de entrada tras un período de transición en el que podrían utilizar el euro y el que no se levantarían barreras. Incluso consideraban que España preferiría una negociación a una ruptura traumática; que las empresas y bancos no se marcharían. El Consejo Asesor para la Transición Nacional y otros grupos, como el colectivo Wilson, cerebros del proceso, han jugado a las casitas o, como se explica en catalán, han soñado con tortillas.

Sin opción de independencia y con la amenaza de una intervención plena, buena parte del PDeCAT, de los medios de comunicación y de las empresas que han apoyado el procés quieren elecciones. El Gobierno de Puigdemont se encuentra dividido. El portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, dijo ayer que su presidente no contempla el adelanto. Esta posibilidad cuenta con poco peso hoy.

Declaración de independencia

Esquerra Republicana y la CUP quieren que el Parlamento proclame la independencia esta semana, antes del viernes. ERC y Puigdemont son partidarios de que los parlamentarios voten la declaración, lo que podría acarrear consecuencias penales para quienes voten a favor. Esto no está tan claro; en teoría, los parlamentarios no pueden ser juzgados por el sentido de un voto, pero la Fiscalía considera que la acción -segregar parte del territorio de modo ilegal- debe ser objeto de causa y de pena. Esta proclamación sería como el canto del cisne, un último grito que sólo llevaría a un daño mayor y a la aplicación del 155. La economía catalana, pero también la española, encajarían un nuevo golpe.

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, sostuvo el sábado por la noche que su único compromiso es con la república. El consejero de Exteriores, Raül Romeva, aseguró que la república "no es una opción, sino una necesidad". Algunas fuentes sostienen que los independentistas ya están redactando la declaración de independencia .

Hay un asunto del que aún no se ha hablado demasiado: la mayoría del Junts pel Sí y de la CUP se puede resquebrajar si hay que votar la independencia. Es posible que algunos parlamentarios de la vieja Convergència no quieran incurrir en una ilegalidad que llevaría aparejada problemas penales y patrimoniales. Bastarían con que cinco diputados se abstuviesen o se marchasen para que no saliese la declaración.

La CUP debe ser consciente de esto último. Los anticapitalistas prefieren que el Parlamento se dé por enterado del resultado del referéndum y que el Gobierno haga la declaración, pero Puigdemont se podría encontrar con las dimisiones de tres consejeros: los de Empresa, Gobernación y Justicia.

Una vez declarada la independencia, el Gobierno de la Generalitat tendría que defender esa paralegalidad en la calle y sus instituciones, ya que el Estado estaría habilitado para desplegar a policías y guardias civiles, a intervenir los departamentos y a detener a los que serían dirigentes de una rebelión. Es el peor de los escenarios.

La mesa del Parlamento catalán se reúne esta mañana para decidir si convocan un Pleno estas semana para contestar a la aplicación del artículo 155. Fue esto lo que anunció el sábado por la noche Puigdemont en un discurso en el que no pronunció la palabra independencia.

Declaración y elecciones

Carles Puigdemont o el Parlament pueden declarar la independencia y, a continuación, convocar elecciones que considerarían constituyentes. Es la opción más confusa y, por eso, es posible en este proceso cargado de ambigüedad y pasos intermedios. Al Senado y al Gobierno central también se le crearía un problema, ya que la declaración no tendría una consecuencia jurídica (sería anulada y, posiblemente, conllevaría acciones penales), pero habría una fecha para unos comicios.

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