Cuatro años de cárcel para el ex alcalde de Andratx por corrupción urbanística

  • Eugenio Hidalgo (PP) debe afrontar aún un segundo juicio por la construcción de un restaurante en un área protegida

La Audiencia Provincial de Palma condenó ayer a cuatro años de prisión al ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo y a tres años y seis meses al ex director general de Ordenación del Territorio del Govern balear, Jaume Massot, por la construcción ilegal de un chalé del primer edil de este municipio de Mallorca. Por esta misma razón, el ex asesor legal del Ayuntamiento Ignacio Mir fue condenado a un año y el ex celador municipal Jaume Gibert, a cuatro meses. El tribunal condenó al ex alcalde a demoler a su costa la vivienda construida o sufragar los gastos de demolición si se encarga de ella la Administración competente.

En virtud de la sentencia, tanto el ex primer edil del PP como el ex director general en el Ejecutivo autonómico presidido por Jaume Matas ingresarán en prisión, dado que sus penas superan los dos años. El ponente del tribunal, el magistrado Juan Pedro Yllanes, fue el encargado de dar lectura a una parte de la resolución judicial, la referida a los hechos probados y el fallo.

Esta sentencia corresponde a la primera pieza del juicio oral por el llamado caso Andratx, referida en concreto a la construcción de un chalet ilegal en una caseta de aperos en un terreno propiedad del ex alcalde Eugenio Hidalgo considerado área protegida, y cuya vista se celebró entre el 5 y el 8 de mayo pasados.

En el caso del ex alcalde de Andratx, la condena se divide en un año de prisión e inhabilitación de ocho años para desempeñar cargo público por un delito de prevaricación administrativa, y tres años de prisión y suspensión de cargo público e inhabilitación como promotor urbanístico por un delito contra la ordenación del territorio. En el segundo delito, el tribunal ha considerado la circunstancia agravante de "prevalerse de su carácter público" como alcalde. Hidalgo deberá pagar 60.000 euros y ha sido condenado a abonar dos sextas partes de las costas procesales causadas.

El ex director general de Ordenación del Territorio cumplirá una condena de dos años de prisión como autor directo de prevaricación urbanística y sumará la inhabilitación para cargo público durante diez años. También ha sido sentenciado a un año y seis meses más como cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio, el mismo tiempo que estará inhabilitado para cualquier empleo o cargo público de promoción urbanística. Afrontará una multa de 27.000 euros por el delito contra la ordenación del territorio y dos sextas partes de las costas.

El ex asesor legal del Ayuntamiento de Andratx José Ignacio Mir fue condenado a un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años por un delito de prevaricación administrativa, y deberá abonar una sexta parte de las costas. En el caso del ex celador de obras del Consistorio, como cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio, pero con la circunstancia atenuante "muy cualificada de colaboración con la Justicia", la pena es de cuatro meses de prisión y 18 de suspensión de cargo público e inhabilitación para la promoción urbanística. La multa que le corresponde es de 3.000 euros y una sexta parte de las costas.

El abogado de Hidalgo, Rafael Perera, anunció que va a presentar un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Perera recordó que mientras no haya sentencia firme su cliente no tiene que ingresar en prisión, por lo que el ex alcalde permanecerá en libertad a la espera de que el Supremo acepte o rechace el recurso. No lo ve igual la abogada del Ayuntamiento de Andratx, Isabel Fluxá, que no descartó la posibilidad de solicitar la entrada inmediata en prisión del ex alcalde.

La segunda causa del caso Andratx juzgará la construcción de un restaurante en un zona protegida como Área Natural de Especial Interés por parte de Carlos Hidalgo, hermano del ex alcalde. Esta pieza, la segunda de las 68 en que se ha dividido el caso, será juzgada también por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.

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