El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aboga por una reflexión general sobre la necesidad de determinadas reformas penales, ya que considera que "con el Código Penal no se resuelven los conflictos" y que, a veces, políticas de otro tipo, como las de prevención, "dan mucho más rendimiento".

Torres-Dulce destaca en una entrevista que cada Gobierno es perfectamente legítimo para emprender las acciones legislativas que estime oportunas, aunque cree que no es bueno estar realizando "un parcheo constante del Código Penal" de 1995.

Torres-Dulce recalca que en el momento de su aprobación esa norma -reformada desde entonces en más de 20 ocasiones- respondía a dos criterios esenciales en la legislación progresista y moderna: el principio de intervención mínima y el acuerdo de que el Código Penal es la última ratio para resolver los conflictos sociales. "Desgraciadamente, desde el 95 ese principio de intervención mínima se ha convertido en un principio de intervención máxima", dice el fiscal al recordar que la sociedad continuamente demanda que se amplíen los tipos penales y se endurezca el castigo para determinadas conductas.

No obstante, prefiere no pronunciarse específicamente sobre las nuevas reformas anunciadas por el Gobierno: "Si yo pido autonomía para la Fiscalía (...) debo ser coherente y no invadir aquel terreno de las decisiones políticas que corresponden al Ejecutivo y al Parlamento".

Entre los proyectos que preparan conjuntamente los ministerios de Interior y Justicia se encuentra la prisión permanente revisable, la posibilidad de incluir como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva, o la llamada "custodia de seguridad" para los delitos más graves, que supondría un tiempo añadido de privación de libertad, más allá de la condena de hasta diez años.

Al fiscal general no le parece "serio" anticipar su opinión sobre estas medidas concretas, y entre las que, según ha anunciado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también está en estudio una nueva tipificación para el robo de cobre.

Torres-Dulce no cree que una "enumeración abstracta y vaga" de las reformas, que "además a veces cambia de un día para otro", merezca de momento una respuesta institucional por parte de la Fiscalía, que tendrá que pronunciarse sobre ellas cuando el Gobierno le remita los proyectos correspondientes.

Al margen de ello, le gustaría "que hubiera una reflexión general acerca de que con el Código Penal no se resuelven los conflictos penales sobre todo cuando han llegado a un nivel de patología o enfermedad".

"Políticas de prevención o políticas de aseguramiento de medios no estrictamente penales, a veces dan mucho más rendimiento, aunque sean más costosas en términos de opinión publica", añade.

De momento, el único anteproyecto que ha sido enviado al Consejo Fiscal para que emita un informe consultivo es la nueva regulación de los delitos contra la Hacienda Pública, que contempla que los cargos públicos que falseen las cuentas u oculten datos contables podrán ser castigados con hasta diez años de inhabilitación.

Otra reflexión que, según Torres-Dulce, conviene plantearse es la necesidad de reforzar el sistema para poner fin a las llamadas "penas de telediario" o los juicios paralelos en casos mediáticos. "Conviene que reflexionemos todos acerca de la enorme fragilidad de bienes jurídicos y derechos constitucionales que están en juego en todos estos supuestos", dice, al tiempo que resalta que son casos en los que está en juego la libertad de expresión y el derecho a informar verazmente, pero también la presunción de inocencia, el honor y a veces la intimidad de las personas.

En su opinión, cualquier información que invada peligrosamente el derecho de presunción de inocencia o el secreto de las actuaciones merece "sin ningún genero de duda, un reproche" y una preocupación.

"No es bueno que las decisiones de los tribunales aparezcan ya contaminadas por una opinión muy publicada, ni es bueno tampoco que aquello que es secreto, porque así lo establece la ley, esté en la plaza pública", afirma.