La UE no logra el acuerdo sobre repatriación de inmigrantes irregulares

  • El Gobierno español vota a favor de un texto al que se opusieron 11 estados, entre ellos Alemania, Francia e Italia

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Los embajadores de los 27 países de la UE no lograron ayer un acuerdo sobre la norma para armonizar los procedimientos de repatriación de los inmigrantes irregulares. Un total de once estadosss miembros, entre ellos Francia, Alemania e Italia, presentaron reservas al texto de compromiso. España estuvo entre los países que respaldaron la nueva legislación.

La presidencia eslovena deberá decidir ahora si redacta un nuevo texto, en cuyo caso tendrá que negociar de nuevo con la Eurocámara, que tiene poder de codecisión. El compromiso que se presentó a los embajadores era el resultado de un acuerdo previo entre la presidencia y representantes del Parlamento, que está previsto que se vote en pleno en junio. De momento, no se sabe cuándo se retomarán las discusiones entre los 27, según las fuentes consultadas.

Durante la reunión de embajadores, Francia, Hungría, República Checa e Italia reclamaron que se reduzca el periodo de salida voluntaria de los inmigrantes una vez que se les haya expedido una decisión de retorno. La directiva prevé un plazo de entre siete y treinta días para esta salida voluntaria, pero estos países lo consideraron excesivo.

Otro grupo de países -Alemania, Austria, Grecia y Lituania- rechazaron la obligación que establece la norma de garantizar asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes que carezcan de los recursos económicos necesarios para pagársela. Finalmente, Austria, Polonia, Malta y República Checa se mostraron en desacuerdo con el artículo que impone a los estadosss miembros la creación de "un sistema eficaz de control del retorno forzoso". Y el representante de Bélgica dijo que su Gobierno todavía no tiene una posición definida.

Sin embargo, ningún estado miembro expresó su desacuerdo con el apartado que más polémica ha provocado de la directiva, el que permite a los estadoss miembros retener a los inmigrantes a la espera de expulsión en centros de internamiento hasta un máximo de 18 meses.

El objetivo de la nueva norma es armonizar los procedimientos que siguen los estadoss miembros en la repatriación de inmigrantes irregulares, ya que en la actualidad cada país puede hacer lo que quiera y aplicar los plazos que considere oportunos. Por ejemplo, en estos momentos, un total de nueve países -Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia- no contemplan en su legislación ningún límite para la retención de inmigrantes.

Estos estadosss miembros se verán obligados a cambiar su normativa para introducir el nuevo límite de seis meses, que se podrá ampliar a 18 si hay una falta de cooperación del inmigrante o si hay demoras en la obtención de la documentación necesaria que deban expedir terceros países. A España no le afectaría este límite porque en la actualidad el periodo máximo de retención es de 40 días y la directiva de retorno no le obliga a ampliarlo.

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