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Turismofobia: debate en la calle, alarma en las administraciones

  • Los ataques contra el turismo en España en las últimas semanas han puesto sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre el modelo turístico y la sobreexplotación de algunos destinos

Una de las pintadas aparecidas en los alrededores del Parque Güell de Barcelona contrarias al turismo masificado.

Una de las pintadas aparecidas en los alrededores del Parque Güell de Barcelona contrarias al turismo masificado. / quique garcía / efe

Los ataques contra intereses turísticos de los últimos días han sacado a la calle un debate que ha encendido la alarma en las administraciones, sobre todo autonómicas, que llevan años tratando de poner orden en los puntos conflictivos del sector, como los alojamientos ilegales o la masificación.

La polémica tiene varias ramificaciones: por una parte, se discute sobre estas actuaciones, condenadas en todas las esferas, desde la política a la económica, pero también se ha generado un debate sobre el modelo turístico y la sobreexplotación de algunos destinos.

Más aún después de que el mayorista turístico alemán TUI, el más importante de Europa, haya dicho que España está bastante llena ya de turistas y que, además, los precios han subido, por lo que cree que hay otros países que podrían beneficiarse.

En medio de ese panorama, algunas comunidades creen que regular las viviendas de alquiler turístico, recuperar los llamados destinos "maduros", contribuir a la desestacionalización e incluso imponer una tasa por visitante son claves para limitar el turismo de masas y su derivada más penosa, el "turismo de borrachera". Y, de paso, evitar protestas de los vecinos.

En Cataluña, comunidad donde se iniciaron las acciones contra intereses turísticos, la Generalitat ha expresado que "velará por los visitantes y por la imagen de la marca Cataluña" y para ello ejercerá la acusación particular en la causa del ataque al bus turístico de Barcelona, que reivindicó Arran, organización juvenil vinculada a la CUP.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue una de las primeras en tomar medidas contra la masificación turística aprobando moratorias a nuevos hoteles y apartamentos turísticos. Colau ha condenado "firmemente" las acciones contra el turismo, si bien ha pedido "no magnificar hechos aislados".

Ya el año pasado había pintadas contra el turismo en el centro de Palma, pero los episodios vandálicos se han recrudecido este año, con tres nuevas acciones, la primera de las cuales -el uso de bengalas, pancartas y confeti lanzado a los turistas de la terraza de un restaurante del Moll Vell- ya tiene una propuesta de sanción de 1.200 euros por parte de la Delegación del Gobierno en Baleares.

El Ejecutivo balear de PSIB-PSOE y MÉS ha abogado por un cambio en el modelo turístico y el pasado martes entró en vigor la modificación de la Ley de Turismo para acabar con la "especulación" en el alquiler de las viviendas y promover un modelo "responsable, sostenible y equilibrado". Con esta ley se fija un "techo máximo" de plazas turísticas en Baleares, de 623.624, de ellas 300.127 hoteleras, 92.931 de alquiler en vivienda vacacional y 42.649 disponibles en una bolsa de plazas.

En el País Vasco, la preocupación por estas protestas se acrecentó el miércoles, cuando las juventudes de Sortu, Ernai, atacaron con pintura la sede de la Agencia Vasca del Turismo Basquetour en Bilbao. Partidos e instituciones salieron en defensa del sector y algunas fuerzas, como el PSE, pidieron a la izquierda abertzale que pusiera fin a las protestas de sus jóvenes.

En Andalucía, por ahora, no se han producido casos de turismofobia, un asunto sobre el que se ha pronunciado esta semana el consejero andaluz de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, quien ha abogado por distribuir en el territorio la "presión turística" para evitar conflictos entre turistas y vecinos. Fernández ha diferenciado a Andalucía de otros destinos como Cataluña, donde "prácticamente el 70% del turismo se concentra en Barcelona", o Baleares, que "tienen un problema porque tienen monocultivo en el turismo". "Nosotros no estamos en las mismas circunstancias", ha aseverado Fernández, quien ha añadido que puede haber "problemas puntuales en alguna ciudad, en algún momento que coincida con las fiestas, pero no es algo generalizado".

Sin embargo, el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa (Faeplayas), Norberto del Castillo, ha avisado de que "no es sostenible subir todos los años en turistas" y ha apostado por enfocar la promoción a mercados con alto poder adquisitivo.

Canarias no ha tenido ningún episodio violento ni lo espera, sobre todo porque las zonas de afluencia de turistas y las de residentes están bastante diferenciadas. En 2015, el Gobierno canario reguló el alquiler vacacional con un decreto muy restrictivo, que prohibía ejercer esta actividad en zonas catalogadas como "no turísticas" y que vetaba el alquiler por habitaciones, aspectos anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por infringir el derecho de libertad de empresa y la directiva europea sobre servicios.

Frente a la turismofobia, el presidente valenciano Ximo Puig considera que en su comunidad lo que hay es turismofilia, ya que esta región, a su juicio, es "abierta, hospitalaria y de vocación turística". Puig cree que el debate generado es "artificial" porque "siempre ha habido problemas cotidianos". No obstante, la Generalitat está incoando diligencias previas que podrían desembocar en la apertura de expedientes sancionadores a siete plataformas de alquiler de viviendas por la supuesta comercialización de apartamentos ilegales.

Desde Murcia, su presidente, Fernando López Miras, ha calificado de "graves" los actos vandálicos contra el sector y ha subrayado que "más grave aún es la actitud de quienes no los condenan".

Madrid no sufrido hasta ahora ninguna protesta de este tipo y, lejos de intentar contener la llegada de turistas, tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de la capital se han volcado en los últimos meses en iniciativas para hacer más atractiva la región. No obstante, ante el gran aumento de apartamentos turísticos en la capital y la subida de los precios del alquiler de viviendas, la Comunidad está preparando un decreto para ponerles coto.

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