Se podrá votar y si tratan de impedirlo, los ciudadanos podrán votar igualmente". Una y otra vez ésa ha sido la respuesta de la Generalitat: los catalanes que lo deseen votarán mañana en el referéndum de independencia. Aunque la consulta es ilegal y las fuerzas de seguridad tienen la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir que se abran los colegios electorales, el Govern sostiene que será capaz de sortear todos los impedimentos.

¿Cómo? Eso es lo que se desconoce, y se oculta, aunque hay grandes posibilidades de que se trate de un gran farol. O que los ciudadanos terminen dejando sus papeletas en urnas colocadas en las calles. El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, dio ayer las instrucciones para cumplir las instrucciones de la juez del TSJC que ha sustituido a la Fiscalía General al mando de la operación. Trapero ha comunicado que los colegios electorales deben estar cerrados antes de las 6 de la mañana del domingo, tendrán que incautar las urnas y sacar a las personas que se encuentren dentro si las hubiese. En el caso de que mostrasen una resistencia "pasiva", los agentes no usarán la violencia, sino que tendrán que avisar al Centro Regional de Mando. Tendrían que ser, por tanto, otros cuerpos del Estado, Guardia Civil o Policía Nacional, quienes tuviesen que ejecutar el mandato. Algunos colegios ya han sido ocupados.

Puede que este domingo se vote en Cataluña, pero todo está muy lejos de ser un referéndum con garantías legales. Se desconoce, por ejemplo, quiénes realizarán el escrutinio general, ya que la junta electoral (sindicatura, en catalán) se ha disuelto para no tener que pagar las multas de 12.000 euros impuestas por el Tribunal Constitucional. Tampoco se conoce quiénes formarán las mesas electorales. Según el consejero de Presidencia, Jordi Turull, se han enviado los avisos a los domicilios de los cuidadanos elegidos en un sorteo para formar 6.240 mesas en 2.315 centros electorales, pero las cartas no llevan ningún membrete.

Ante las dudas suscitadas, y a pesar de las insistentes preguntas de los periodistas a Turull y a Junqueras ayer en Barcelona, la respuesta es que "personas de gran prestigio", cuyos nombres no se conocerán hasta el domingo, serán quienes velen por la limpieza del referéndum. Todo tan en sombra que resulta clandestino. 235 personas, voluntarias, son las que estarían en los colegios si la votación fuese una convocatoria real, votarían 5,3 millones de catalanes según el censo que posee la Generalitat. La Agencia de Protección de Datos avisó ayer que las personas que participen en estas mesas pueden ser multadas hasta con 300.000 euros por utilizar este tipo de listados, ya que no hay constitución oficial de estos centros.

A pesar de todas estas irregularidades, que convierten lo que vaya a ocurrir el domingo en un proceso carente de transparencia, Oriol Junquera sostiene que el resultado será "legítimo". "Más legítimo sin cabe" por lo que él entiende como un acto de represión del Estado. Así que Cataluña se dirige a un domingo donde se enfrentará al deseo de un Gobierno autonómico insurrecto con el poder del Estado para hacer cumplir las leyes. En la misma rueda de prensa, Junqueras y Turrull mostraron una de las urnas que deben estar en los colegios: es un cajón traslúcido, no transparente, de unos 45 litros de capacidad fabricado por una empresa china. Smart Dragon Ballot Expert las vende, a través de Alibaba, por un precio que oscila entre los cinco y nueve dólares. Según informó la compañía, no ha vendido ninguna de estar urnas en España, aunque sí en Francia.

Buena parte del impedimento del referéndum depende de los Mossos. Trapero ya ha dado las órdenes para cumplir la instrucción del TSJC, pero el modo de ejecución contiene matices de flexibilidad que hacen pensar que no será del todo estricto. Para comenzar, ya ayer por la tarde se ocuparon algunos colegios en Barcelona. En el Collaso i Gil, en el barrio del Raval, una treintena de vecinos entraron antes de que los mossos lo precintasen. Permanecen dentro, no fueron expulsados y, por la noche, recibieron alimentos de los vecinos del barrio. En el colegio Univers hay padres de alumnos dentro, celebrado una supuesta fiesta de inicio de curso que va a durar todo el fin de semana. En el Sedeta, en el barrio de Gracia, también ocurre lo mismo.

El miércoles se produjo un cambio sustancial en el operativo para impedir el referéndum. La instrucción dejó de estar en manos de la Fiscalía General y pasó a manos de la jueza del TSJC, que lleva la denuncia contra los cargos de la Generalitat. Mientras que el fiscal Maza había ordenado el cierre de todos los colegios para la tarde de ayer y establecía un cordón de 100 metros a su alrededor, de lo que ahora se trata es de impedir el referéndum, aunque la magistrada ha extendido la obligación a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. En la circular de Trapero, se explica que, en caso de encierros, se informará e identificará a estar personas, pero no se le echará con violencia, sino que se avisará a centro que coordina a los otros cuerpos. El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, del Ministerio del Interior, es el máximo responsable del operativo policial, es a él a quien corresponde la ejecución, aunque Trapero explica en su escrito que los mossos no podrán recibir órdenes de mandos de otros cuerpos.