Crisis en Cataluña · Análisis

Rajoy ofrece diálogo mientras prepara un nuevo 155

Mariano Rajoy. Mariano Rajoy.

Mariano Rajoy. / EFE

Tras la investidura de Quim Torra, Rajoy ha ofrecido diálogo al nuevo presidente catalán al tiempo que ha dirigido sus primeros movimientos a pactar con las otras fuerzas mayoritarias la eventual respuesta si los secesionistas vuelven a desafiar la legalidad, que consisitiría en aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución.

Cuando el Gobierno que encabezará Torra empiece a funcionar, automáticamente quedará sin efecto el 155, cuya aplicación, aprobada después de que el Parlamento regional declarara la independencia de Cataluña el pasado 27 de octubre, permitió el cese del anterior gobierno regional, la intervención de la administración autonómica y la convocatoria de elecciones catalanas.

Aunque el 155 decaiga, el Gobierno de Rajoy se reserva el control de las finanzas catalanas, que asumió en septiembre pasado a fin de evitar que los fondos públicos fueran destinados a sufragar el proceso independentista. Junto al control económico, el Ejecutivo central vigilará con celo el cumplimiento de la ley y anuncia que no dudará en recuperar el 155 si es necesario.

Para ello ya tiene el respaldo absoluto del PSOE, cuyo líder, Pedro Sánchez, subrayó tras reunirse con Rajoy que el debate no es si va a haber o no 155, porque "lo habría" en el caso de que el nuevo Gobierno catalán cree infraestructuras institucionales fuera de la legalidad, y la cuestión sería determinar "cuándo".

Si el pasado mes de octubre la puesta en marcha del 155 suscitaba dudas e incertidumbre ante la ausencia de experiencia previa, ahora el camino para su aplicación está expedito y pactado de antemano, al menos entre socialistas y populares. Porque Ciudadanos considera la respuesta acordada por Gobierno y PSOE más que tibia y pide "soluciones" en lugar de "salir corriendo" de Cataluña.

Rajoy intentará hoy jueves que Albert Rivera se una al frente común, pero el presidente de Ciudadanos reclama que "rectifique" y extienda el 155 más allá de la formación de un nuevo gobierno, porque el PNV no puede seguir "marcando la agenda política nacional", en referencia a que los nacionalistas vascos exigen el fin de la aplicación del 155 para apoyar los Presupuestos de 2018.

El conflicto planteado por los separatistas en Cataluña es, además, munición electoral para los partidos estatales. Con la mente puesta en Ciudadanos, al que su postura en Cataluña está dando notables dividendos según las encuestas, Rajoy ha advertido de que "se trata de defender la unidad y la soberanía" de España y no de "aprovechar políticamente" esta situación.

Si el 155 vuelve a aplicarse, habrá diferencias con lo conocido hasta ahora. Probablemente ya no se tratará de una intervención de "quirúrgica" de la administración catalana mientras se celebran nuevas elecciones, si no que el control estatal se prolongará en el tiempo y la convocatoria de nuevos comicios no será inmediata.

Para su aplicación previsiblemente no será necesario un desencadenante como la declaración unilateral de independencia de octubre, si no que bastará con que el Gobierno regional sobrepase la Constitución o las leyes.

En cualquier caso, para que el 155 vuelva a escena es necesario que el nuevo Ejecutivo catalán plasme en hechos la retórica y desafíe en la práctica el marco legal, por ejemplo con la creación de instituciones de gobierno paralelas que Torra anunció en su discurso de investidura.

En los próximos días, Rajoy se entrevistará con Torra y podrá apreciar de primera mano las intenciones reales del próximo presidente catalán, que ha solicitado diálogo. La distancia entre la postura de unos y otros hace muy dfícil algún avance, pero como mínimo supondrá reanudar una interlocución entre las dos administraciones que, con el expresidente Carles Puigdemont, había quedado rota.

Por otra parte, el nombramiento de Torra, autor de artículos de prensa y tweets en los que arremetía contra los españoles, que han sido calificados como "xenófobos" o "supremacistas", y sobre los que el propio presidente catalán ha asegurado estar "arrepentido", ofrece a los constitucionalistas un flanco para ganar la batalla de la comunicación ante las cancillerías y los medios de comunicación internacionales.

Al margen de las medidas políticas que en su caso tenga que adoptar, siempre con la voluntad de lograr el mayor acuerdo posible, la otra pata de la actuación del Gobierno de Rajoy será la justicia, piedra angular hasta ahora en su respuesta ante el desafío independentista.

Sin embargo, si las decisiones de la justicia española han respaldado las tesis del Gobierno, no ocurre lo mismo con las adoptadas por los tribunales europeos, la última de ellas el miércoles, cuando la Fiscalía belga rechazó la euroorden de entrega a España de los exconsellers catalanes huidos en Bélgica Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig por "defectos de forma".

Aún así, el Gobierno confía en revertir la decisión de la justicia alemana, que declinó entregar al expresidente Carles Puigdemont para que sea juzgado por un delito de rebelión. El juez que instruye la causa en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein en el que plantea la opción de que entregue a Puigdemont por un delito de sedición.

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