El desafío independentista

El fiscal belga atiza a Puigdemont

  • El juez de la Cámara del Consejo aplaza la declaración del ex 'president' y los cuatro ex 'consellers' a la fuga hasta el 4 de diciembre

  • El Ministerio Público pide su entrega a España

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Un juez de la Cámara del Consejo le ha dado un respiro al prófugo más ilustre que jamás pisó tierras belgas -el ex president Carles Puigdemont- al aplazar este viernes hasta el 4 de diciembre su declaración y las de los cuatro ex consellers que también pusieron pies en polvorosa para huir de la cárcel a la sombra del árbol del 155, una fuga hacia delante que podría prolongarse un mes y medio entre recurso y recurso.

La imprevista decisión del juez belga sobre la petición de euroorden de detención de los cinco miembros del depuesto Govern propiciará que el póker de ases de los secesionistas de cara al del 21-D, a los que la palabra exilio les suena a poesía -por mucho que nada que tenga con su verdadera condición: la de prófugos de la justicia española-, arranquen su campaña en tierras flamencas, uno de los pocos lugares de Europa donde se muestran comprensivos con su causa.

Pero el fiscal no cayó ayer en la tentación tras una comparecencia que comenzó a las 14:00 horas y se celebró a puerta cerrada y en neerlandés, y pidió que se satisfaga la petición de la Audiencia Nacional que pesa sobre Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig y el ex jefe del Govern.

La Fiscalía belga desestima no obstante uno de los cuatro delitos atribuidos (el de prevaricación), según el relato de los abogados de la defensa.

El juez ha citado a las partes el próximo 4 de diciembre, la jornada previa al comienzo de la campaña de las próximas elecciones regionales catalanas, para que hagan sus alegatos, que deben elaborarse por escrito.

A partir de ese momento, el juez debe comprobar que al menos uno de los delitos de la euroorden (rebelión sedición y malversación, además del de prevaricación) se considera también como tal en Bélgica, por el llamado "principio de doble incriminación".

Se espera una decisión sobre la extradición por parte de la instancia de instrucción entre ocho y diez días después, de acuerdo a fuentes cercanas a Puigdemont.

La Fiscalía explicó a Efe que esta decisión debe ser entregada "en mano" a los interesados y que estos deben firmarla, momento a partir del cual tendrán 24 horas para recurrir ante el Tribunal de Apelaciones, que dispondría de quince días para posicionarse. Si esta instancia confirmara la decisión del juez de instrucción, Puigdemont y sus ex consellers podrían quemar un tercer y último cartucho, ya que aún podrían recurrir ante la Corte de Casación, un tribunal que tendría igualmente otras dos semanas para pronunciarse. En cualquier caso, la Fiscalía señaló que estos plazos son mucho más flexibles en el caso de que los acusados no estén en prisión durante el proceso sino en libertad con medidas cautelares, como es el caso de los ex miembros del Govern.

Todo este proceso podría demorarse en torno a tres meses, sumando los sesenta días de plazos de apelaciones a la euroorden y los treinta días adicionales que pueda alargarse el proceso por motivos excepcionales.

El ex president y los cuatro ex consellers huidos a Bélgica están en libertad con medidas cautelares desde el 5 de noviembre, bajo unas condiciones que permanecerán vigentes mientras sigan en el país y la ejecución de la euroorden no sea definitiva.

Así, tienen la obligación de permanecer en el país y no pueden salir al extranjero sin permiso del juez, deben comunicar una dirección en la que estén residiendo y deben asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.

En la preparación para la sesión de este viernes, la Fiscalía belga remitió el jueves a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela catorce preguntas sobre el sistema penitenciario español, entre las que había cuestiones sobre el tamaño de las celdas, la higiene o la alimentación que se encontrarían caso de ser extraditados.

Lamela precisó que Puigdemont y los ex consellers varones irían a la cárcel de Estremera, donde se encuentra el resto de los miembros varones del Gobierno regional cesado, y las dos ex conselleras permanecerían en Alcalá Meco, en la que están ya sus homólogas Dolors Bassa y Meritxell Borrás. Ésta última renunció ayer a ir en la candidatura de Junts x Catalunya, que lidera Puigdemont, aunque la ex consellera subrayó, vía Twitter, que mantiene sus "ideales".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó este viernes por su parte que sería "una paradoja" que un Estado de la UE "desconfiase de otro país miembro", por lo que ve razonable que la Fiscalía belga haya pedido ejecutar las euroórdenes. "Este es un procedimiento entre autoridades judiciales basado en la confianza entre los socios de la Unión Europea que aprobamos en 2002, un sistema más sencillo que una extradición, para agilizar los traslados y entregas", recordó.

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