El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, declarará el lunes 6 de marzo como investigado en el caso Auditorio de supuesta corrupción urbanística cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, que investiga prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

Según el Tribunal Superior de Justicia de esa región, el magistrado instructor del caso Auditorio, Julián Pérez-Templado, ha iniciado las diligencias previas para investigar el proyecto, la adjudicación, la ejecución y la recepción de las obras de esa sala y ha citado a declarar a Sánchez, que ha anunciado que lo hará "para aclarar", pues "cuanto antes se aclare todo, mejor".

Mientras "hay gente a la que no le interesa que se sepa la verdad, a mí me interesa que se sepa cuanto antes", ha afirmado en un acto público de exportadores hortofrutícolas, donde ha anunciado antes que fuentes judiciales la fecha de su comparecencia en los tribunales al ser preguntado por la trama Púnica por un periodista.

Para ello, aportará su declaración y documentación y pedirá "nuevas diligencias" en lo que ha considerado "una buena ocasión y oportunidad" para explicar su participación en este asunto.

Ha recordado que, en su opinión, lo que se investiga es "una cuestión absolutamente administrativa" sobre el "expediente de una subvención" de 6 millones del Gobierno autonómico al ayuntamiento que él presidía y ha asegurado que demostrará "que toda, toda, toda está invertida en esa obra", lo que será "fácil".

Los socios que permitieron su investidura, Ciudadanos, han pedido por boca de sus portavoces en el Congreso, Juan Carlos Girauta, y en la región de Murcia, Miguel Sánchez, la dimisión del presidente murciano y la propuesta de un candidato alternativo de entre los diputados autonómicos del PP como nuevo jefe del Ejecutivo.

Ambos han recordado que a dimitir lo obliga también por estar imputado por delitos de corrupción la Ley murciana de transparencia, la propia palabra dada de Pedro Antonio Sánchez y el primer punto del pacto de investidura con Ciudadanos, un asunto que, según Girauta, gestionará la organización regional del partido naranja.

Miguel Sánchez se ha referido a la frase que el presidente murciano manifestó públicamente el 25 de junio de 2015: "Si al final la justicia dictaminara una imputación por el caso Auditorio, yo dimitiría, porque cumplo lo que firmo y cumplo mi palabra".

El presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, ha pedido hoy "prudencia" y que se respete la presunción de inocencia de Sánchez, pues en los últimos años se han archivado 16 denuncias contra él.

La misma tesis han defendido desde la dirección nacional del PP, que no contempla que otro candidato lidere el partido en Murcia tras el congreso regional de mediados de marzo, una vez que haya declarado en sede judicial, pues saldrá indemne de esta nueva acusación y todo "se solucionará bien", según confían.

El PP murciano sostiene que Sánchez "no va a dimitir" porque "no está imputado, ya que la imputación no se produce hasta que se abre juicio oral", por lo que no se estaría incumpliendo el pacto de investidura con Ciudadanos.

Por contra, desde el principal partido de la oposición en el Parlamento murciano, el PSOE, su secretario general, Rafael González Tovar, ha vuelto a pedir hoy la dimisión de Sánchez porque la "investigación formal que él esperaba ha llegado y ya no es una especulación, sino una realidad".

Según sus palabras, el pacto de investidura PP-Ciudadanos "ha sido fulminado, ya que su primera medida era que, si era imputado, el presidente dimitiría: esa es su palabra y su compromiso, que hoy le obliga a dimitir y dinamita el programa de Gobierno", dimisión que también vendría exigida por el artículo 54 de la Ley murciana de Transparencia, ha recordado.

Por último, el secretario general de Podemos en la región de Murcia, Óscar Urralburu, ha anunciado el inicio de contactos con PSOE y Ciudadanos para promover una moción de censura contra Sánchez, cuya situación ha calificado de "insostenible", dada además la relación del presidente autonómico con la trama Púnica.

Para Urralburu, los delitos que se investigan son "gravísimos, de corrupción y sin ningún tipo de apellido", por lo que ha pedido a Ciudadanos que se pronuncie, porque "solo queda combatir la corrupción o avalarla. Se acabó el tiempo del escondite".