Radares utilizados por narcotraficantes para controlar la actuación policial en el Estrecho de Gibraltar. Narcotraficantes que embisten a agentes de la Guardia Civil. Veinte encapuchados que asaltan un hospital y liberan a un narcotraficante en la Línea de la Concepción. Otros tantos que en la misma población y de la misma forma rodean, hostigan y amedrentan a una juez de instrucción a la salida de su trabajo.

Me preocupan todas estas noticias sobre la falta de seguridad y llamo a los compañeros jueces que trabajan día a día en el Campo de Gibraltar. La realidad es mucho más preocupante. Edificios judiciales sin arcos de seguridad. Despachos de jueces que dan a la calle sin defensa alguna. ¿Medidas de protección policial para jueces y fiscales que investigan causas de narcotráfico? Ninguna; con suerte, medidas de custodia de edificios por un par de agentes de la Guardia Civil prejubilados, gentes de ley a carta cabal pero insuficientes. Ya no hablamos de abandono de la Justicia y el retraso que lleva el colapso consiguiente, con causas que tardan en tramitarse años. Es de la protección y seguridad a los servidores de la ley y a toda la ciudadanía.

Cartas iban y venían… Y ante el puntual foco de atención mediática, el ministro del Interior y la presidenta de la Junta se enzarzan en una disputa epistolar reprochándose mutuamente la situación. De nuevo pregunto a los que saben y sufren. ¡Claro que son necesarios más medios policiales! Y también que las embarcaciones y vehículos decomisados puedan ser custodiados en algún lugar por la Guardia Civil. Hace mucho tiempo que no hay espacio en el depósito y los agentes los dejan en la calle, donde son robados o desguazados por los mismos narcos a los que tanto costó arrebatárselos. Parece que las ausencias son compartidas.

Me preocupa. Me preocupa como juez, pero me preocupa más como ciudadano. Hace unos meses hablaba con amigos jueces de Cataluña. Me reconocían que la única presencia del Estado central español en esa región era la Agencia Tributaria y el Poder Judicial. Puede ser cierto, pero también es legal. Se puede estar de acuerdo o no con tal realidad, pero ha salido de la voluntad popular manifestada parlamentariamente.

Lo del Campo de Gibraltar es totalmente distinto. Se está produciendo una verdadera ausencia del Estado (central y autonómico) en la protección del bienestar y seguridad de los ciudadanos de esta zona. Y en las sociedades estos espacios abandonados no quedan vacíos. Cuando el orden legal desaparece, es ocupado inmediatamente por otro orden, el criminal, que impone su propia lucha de poder, su catálogo de derechos y obligaciones a cumplir y ejecuta con sangre sus decisiones. La ley deja de ser atendida y los ciudadanos pasan a obedecer al miedo.

El Campo de Gibraltar cada vez se parece más a Nápoles. Una verdadera mafia del narcotráfico se está adueñando de la sociedad. La ley no consigue vencer al crimen organizado, que ya se extiende más allá de su propia actividad criminal para convertirse en un Estado paralelo, sin democracia, sin derechos.

Quiero pensar que estamos a tiempo. Pasemos de las cartas a la mesa de negociación. Hablen, pregunten y entiendan que aquí, en la otra punta de España, hay otro problema que resolver. Más grave aún, pues esta secesión del orden estatal viene del crimen organizado. Aquí no hay dudas de que nos encontramos ante una auténtica rebelión.

Acabo ya. No escribo este artículo pensando sólo en mis compañeros jueces o fiscales, ni en los integrantes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Sé de la pasta que estamos hechos. Lo hago pensando en la ciudadanía, a los que todos los servidores públicos nos debemos.

Si ya han vaciado el barco de Piolín, bájenlo para el sur, y que la mascota Curro ayude a su amigo animado. Empecemos por algo. Es una caricatura, pero no es para reírse.