El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha dado un salto mortal en su reunión de ayer. Se ha terminado esta instancia constitucional tal y como ha venido trabajando durante décadas, con gobiernos de izquierdas y derechas. Tan mortal es el giro que le ha dado el ministro Montoro, que debería cambiarse el nombre al CPFF y llamarlo a partir de ahora Tribunal de Política Fiscal y Financiera. Con Montoro de juez y parte. Hasta ahora el Estado representaba la mitad del Consejo y todas las comunidades autónomas la otra parte. Esto sigue siendo teóricamente así, a la hora de las votaciones. Pero, como ha señalado la consejera andaluza Martínez Aguayo, se ha pasado de un lenguaje de cooperación entre dos partes iguales, a otro jerárquico en el que quien manda examina y los otros obedecen.

Esto ha sido así en todos los asuntos tratados ayer. Por ejemplo, en el capítulo de ingresos, toda la subida del IVA se la quedará la Administración General del Estado, a pesar de que las regiones tienen cedida la mitad de la recaudación de este impuesto. Y a pesar de que la vicepresidenta del Gobierno justificó la subida del Impuesto sobre el Valor Añadido con el argumento de que se necesitaban recursos suplementarios para sanidad y educación, que dependen de las comunidades autónomas. En el capítulo de gasto, el Gobierno se queda entero con el 1% del PIB que la Unión Europea le ha dado de margen para el déficit de este año. No le cede ni una décima a las autonomías. A las que además somete a un ajuste del déficit del 1,5% este año, 0,7 en 2013 y 0,1 en el 14, que provocó ayer una rebelión de cuatro regiones, Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias. Estas comunidades, que suman un 40% de la población española, votaron en contra.

Pero el malestar no se limitó a regiones gobernadas por otros partidos. También muchas de las del PP mostraron su desagrado con el ordeno y mando de Montoro. Como Galicia y Murcia, e incluso Aragón, aunque finalmente votaron a favor de la propuesta por disciplina partidaria. Y dos de ellas, Castilla y León y Extremadura, se abstuvieron en claro desafío a la jerarquía que se pretende imponer.

La consejera Aguayo salió de la reunión profundamente indignada. Considera que se pone en riesgo el modelo constitucional y que se plantea un desequilibrio importantísimo entre Estado y autonomías. Este pulso entre quien quiere imponerse al mando y quienes se declaran en rebeldía deja vacíos que es urgente atender. Las comunidades autónomas españolas tienen este año que emitir deuda nueva por valor de unos 15.000 millones de euros y renovar una cantidad muy superior de créditos antiguos que vencen en este ejercicio. Pero los mercados internacionales están cerrados; no hay manera de conseguir colocar deuda de emisiones regionales.

Todas las regiones reclaman que se instaure un mecanismo estatal de mutualización de la deuda. Se ha dado en llamar hispabono, en réplica al eurobono que el Gobierno español no consideró durante meses y ahora reclama en el seno de la Eurozona. No estaba en el orden del día de ayer y en ruegos y preguntas se dijo que la metodología es compleja y su implantación no es inmediata. Sin embargo, el ministro en su rueda de prensa añadió algo de lo que no informó a los consejeros: hoy podría aprobar el Consejo de Ministros un fondo que con carácter excepcional atienda la renovación de vencimientos.

Entre tanto, la liquidez de las autonomías está bajo mínimos y urge un mecanismo que mancomune la deuda o un fondo como el FROB que permita emisiones avaladas por el Estado. El que se retrase contribuye a pensar que estamos ante un asalto a las autonomías. Asistimos al inicio de una pelea de rango constitucional.