López Garrido asegura que el proyecto italiano sobre inmigración es "inaplicable"

  • El secretario de Estado para la Unión Europea reiteró la necesidad de adoptar una política común inmigratoria.

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El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, aseguró que el proyecto de ley aprobado por el Gobierno italiano que convierte a los inmigrantes sin papeles en delincuentes es de "imposible aplicación práctica", en declaraciones efectuadas a Onda Cero que han sido recogidas por Europa Press. 

"No habría cárceles suficientes ni jueces en Italia para convertir a un millón y medio de personas en delincuentes y, además, las normas penales no tienen carácter retroactivo", manifestó el secretario de Estado para la UE. "Esto es una medida de imposible aplicación práctica", aseguró, "si una persona entra en el futuro de manera ilegal en Italia y no tiene papeles, se le convierte en delincuente, pero ¿cómo se le distingue de ese otro que tampoco tiene papeles pero estaba antes de la ley?".

Sobre la reunión mantenida ayer con el ministro de Políticas Comunitarias italiano, Andrea Ronchi, López Garrido aseguró que el Gobierno español le había mostrado su disconformidad con la medida que criminaliza la inmigración clandestina por la repercusión que puede tener en países vecinos como Francia o en España. 

"Tenemos que ir a una política común (...) una medida como ésta, que convierte la inmigración ilegal en delito, con penas de hasta 4 años de cárcel, afecta a los países de alrededor porque puede desviar flujos migratorios hacia ellos", aseguró López Garrido. 

"Se trata de poner en práctica, como ha hecho España, medidas de coacción, de ayuda y de inversión en esos países de origen, eso es lo que tiene que hacer la UE, hay que ir hacia una política común y es lo que le recordamos ayer a Ronchi", añadió.

Ayer, tras cerca de tres años de debate, los Veintisiete países miembros de la UE llegaron a un acuerdo sobre la directiva que armoniza los procedimientos de repatriación de inmigrantes y que permitirá que éstos permanezcan en centros de internamiento de los países miembros a la espera de su expulsión hasta un máximo de 18 meses.

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