El juez Fernando Grande-Marlaska finalmente ha decidido imputar a cinco altos cargos militares -entre ellos el antiguo Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) y almirante general Antonio Moreno Barberá- por el accidente del Yak-42 en contra de su criterio inicial, después de que la Sala de lo Penal le obligara a reabrir el caso y la Fiscalía y la asociación de familiares de las 62 víctimas mortales pidieran la imputación de la cúpula militar.

Es la primera vez que antiguos maximos responsables castrenses están acusados en la Audiencia Nacional.

Los cinco mandos, para quienes el fiscal Fernando Burgos había solicitado el lunes su imputación, han sido convocados por el juez de la Audiencia Nacional para ser interrogados los próximos 23 y 24 de junio. Los primeros que pasarán por el despacho del juez serán el antiguo Jemad y el jefe del Estado Mayor Conjunto (Jemacon), general de división Juan Luis Ibarreta Manella. Al día siguiente lo harán el jefe de la División de Operaciones del Emacon, contraalmirante José Antonio Martínez Sainz-Rozas; el coronel jefe de la sección logística de la división de operaciones del Emacon, Joaquín Yáñez Gozález, y el comandante de esa misma sección, Alfonso Elías Lorenzo Taboada.

El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional considera que los cinco militares son responsables en cuanto a que no ejercieron su función de controlar el cumplimiento del contrato que el Emacon suscribió con Namsa, la Agencia de la OTAN contratista de los aviones para el traslado de tropas españolas al exterior. El delito de "homicidio por imprudencia grave" que atribuye a los mandos militares está castigado con una pena de uno a cuatro años de cárcel, en este caso, por cada uno de los 62 fallecidos.

Grande-Marlaska recalca que el siniestro se produjo también por otras razones, como la falta de preparación de la tripulación.