Ibarretxe formaliza su desafío al Estado sin condenar a ETA

  • El Gobierno de Vitoria aprueba las dos preguntas que pretende plantear a la sociedad vasca el 25 de octubre · Se abstiene de condenar la violencia etarra para dejar la puerta abierta al apoyo del PCTV

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El Gobierno vasco aprobó ayer el proyecto de ley con el que pretende dar "cobertura jurídica, claridad y transparencia" al referéndum ilegal que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, pretende celebrar el próximo 25 de octubre, tal y como establece su hoja de ruta soberanista. Fue el propio Ibarretxe el que compareció ayer para explicar el contenido textual de su ansiada consulta a la ciudadanía vasca y en la que no se incluye una condena expresa a ETA, tal como adelantó este periódico el pasado martes. El punto referente a la banda terrorista se limita a preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo con "un final dialogado de la violencia", si previamente la banda terrorista "manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma". "¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la violencia para siempre?". Esta es la formulación de la primera de las preguntas que Ibarretxe incluirá en su pretendido referéndum, la referente al denominado principio ético. Un texto que el lehendakari entregará hoy a la presidenta del Parlamento de Vitoria, Izaskun Bilbao, y en el que el tripartito ha evitado incluir una condena explícita a ETA para facilitar así el apoyo a la iniciativa del PCTV en el pleno que se celebrará el próximo 27 de junio.

Tal y como sucedió la pasada legislatura con el plan Ibarretxe, los votos de la izquierda abertzale son imprescindibles para que el proyecto de ley que sustenta la convocatoria salga adelante. Las formaciones del tripartito (PNV, EA y EB) junto con Aralar suman 33 parlamentarios, los mismos que el PSE y el PP, que votarán en contra. Los nueve escaños del PCTV-EHAK, suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo por su vinculación con ETA, se convierte así en el juez del futuro de la hoja de ruta soberanista del lehendakari.

Fue en el escenario de las grandes ocasiones, en el Palacio de Ajuria Enea, donde Ibarretxe flanqueado por el resto de miembros de su Gabinete, compareció para explicar el anteproyecto de ley aprobado en el Consejo de Gobierno extraordinario de ayer. Durante su intervención, Ibarretxe justificó la no inclusión de una condena expresa y rotunda a la organización terrorista en el texto de su consulta. "El rechazo más contundente y efectivo de ETA y la violencia es exigir su desaparición, de una vez y para siempre, diciéndole a ETA que la política corresponde solamente a los políticos, que somos los legítimos representantes del pueblo", afirmó. "Queremos poner a ETA en su sitio exigiéndole que abandone la violencia de una vez y para siempre", sentenció.

En cuanto a la segunda pregunta, la referente al denominado principio democrático, Ibarretxe pregunta a los ciudadanos sobre la conveniencia de iniciar un proceso de negociación entre los partidos vascos "sin exclusiones" que desemboque en un acuerdo que refleje "el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco" y que ese pacto "sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010". El lehendakari incidió en la necesidad de que "los acuerdos entre vascos sean respetados por el Estado, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora" con un Estatuto de Guernica que "lleva incumplido 30 años". Ibarretxe señaló que con su hoja de ruta será la sociedad vasca la que con la consulta no vinculante "abriría" este proceso el 25 de octubre y se encargaría también de "cerrarlo" en un referéndum que debería celebrarse antes de que acabe 2010.

En cuanto a la legalidad de la consulta, Ibarretxe señaló que es precisamente su carácter no vinculante lo que la diferencia de un referéndum y a su vez le otorga carácter de legalidad. "La vinculación jurídica convierte a las consultas en referéndum y, por lo tanto, precisan de la autorización (de las Cortes Generales); en este caso, estamos en una consulta de carácter autonómico y sabemos de su no vinculación jurídica, pero sí de su plena vinculación política y democrática". Interrogado sobre qué hará si el anteproyecto de ley es aprobado en el Parlamento vasco, pero la Justicia anula la convocatoria de esta consulta, Ibarretxe advirtió que "la democracia no es impedir que una sociedad opine o se pronuncie" sino todo lo contrario. "La democracia es conocer la opinión de los ciudadanos y tenerla en cuenta", proclamó el lehendakari, convencido de que el texto saldrá adelante en el pleno del 27 de junio.

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