Cuatro asociaciones profesionales de guardias civiles -AUGC, ASES-GC, UO y UGC- han acordado hoy sumarse a la huelga de celo anunciada para julio por los sindicatos de la Policía, que consistirá en el trabajo realizado rigurosamente a reglamento, "sin merma de la seguridad pública".

En un comunicado, las cuatro organizaciones han advertido de que si el Ministerio del Interior mantiene su "pasividad" y no atiende las "legítimas reivindicaciones" de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, se verán obligados a convocar una "gran manifestación" conjunta de policías y guardias civiles.

Para las asociaciones firmantes, la equiparación salarial con las policías autonómicas es una cuestión de "justicia salarial inaplazable" ya que, a su juicio, ha quedado roto el principio básico de igualdad consistente en "dar el mismo sueldo para el mismo trabajo".

En el documento, se recuerda que las asociaciones profesionales de guardias civiles no tienen la capacidad legal de negociación colectiva de las condiciones laborales de sus representados y, en consecuencia, el Estado debe asumir su responsabilidad para garantizar los derechos profesionales, sociales y económicos de los miembros del instituto armado.

"Ha llegado el momento de que se lleve a cabo un desarrollo efectivo de la ley reguladora de los derechos y deberes de los guardias civiles, empezando por el legítimo derecho a unas retribuciones acorde a la difícil tarea que tienen encomendadas los guardias civiles en aras a garantizar los derechos, la libertad y la seguridad de los ciudadanos", concluye el comunicado.

Los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía iniciarán el 27 de junio un calendario de movilizaciones que se prolongará durante todo el mes de julio y que consistirá en una huelga de celo con la que reclamarán al Ministerio del Interior su equiparación salarial con las policías autonómicas.

Los agentes cumplirán estrictamente el reglamento y atenderán sólo las órdenes que reciban, aunque las protestas no afectarán en ningún caso a los servicios en caso de delitos que afecten a la seguridad del Estado o de los ciudadanos, y a los que tengan un carácter urgente o humanitario.