El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado la creación de un nuevo sistema procesal penal que deje la investigación en manos del fiscal en lugar del juez y se ha comprometido a limitar los aforamientos de los 2.000 políticos así como a prohibir los indultos a los condenados por corrupción.

Son algunos de los principales puntos que recoge el proyecto normativo del titular de Justicia, quien esta tarde ha expuesto su hoja de ruta ante la Comisión de Justicia del Congreso.

Durante las cuatro horas y media que ha durado su comparecencia, el ministro ha apelado constantemente al diálogo y al consenso, consciente de la necesidad del apoyo de los grupos para sacar adelante sus reformas, más ambiciosas que las proyectadas en su primera etapa al frente del Ministerio de Justicia.

Entre ellas, sobresale la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una norma que se remonta al siglo XIX, para que el peso de la investigación en la fase de instrucción recaiga en el fiscal y no en el juez, que asumiría una función garantista para velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales.

Se trata de una reforma "inaplazable" habida cuenta de que la figura española del juez instructor es "un anacronismo en Europa", ha señalado Catalá, que sabe que su propuesta es bien acogida por Ciudadanos y PSOE, que ya planteó esta figura en el pasado.

Tanto a ellos como al resto de partidos les ha trasladado que el Gobierno tiene el "máximo respeto" por la Fiscalía y su autonomía hasta el punto de que en ningún ocasión se ha dirigido a esta institución para hacerla cambiar de criterio.

En materia de lucha contra la corrupción, ha propuesto limitar el aforamiento de los 2.000 políticos que disfrutan de esa condición y prohibir la concesión de indultos a condenados por corrupción, un asunto, este último, que rechazó este mismo ministro en 2015.

Con la vista puesta en el acuerdo PP-Ciudadanos, Catalá pretende articular una ley que prohíba los indultos a condenados por corrupción para que "la corrupción no se indulte jamás y sea una decisión que no dependa nunca de ningún gobierno".

Ante un público que reprocha al Gobierno su falta de implicación en la lucha contra la corrupción, Catalá ha apostado también por suprimir las denominadas puertas giratorias y regular la actividad de los lobbies ante el "vacío" legal que existe hoy en día.

Otro gran proyecto del Ministerio para la legislatura contempla la revisión del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sean los jueces quienes elijan a sus vocales, y no el Parlamento como ocurre hasta ahora.

Se da la circunstancia de que Catalá rechazó hace meses esta cuestión, si bien hoy ha dicho no tener "el menor inconveniente" en que se otorgue a los jueces "el máximo protagonismo", más aun cuando existe un "consenso pleno" entre los grupos parlamentarios.

En paralelo, ha avanzado que el texto iría acompañado de un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal que agilice esta reforma procesal.

Precisamente, muchos de estos proyectos se encuentran entre las principales reclamaciones de la oposición, como sucede con las tasas judiciales, cuyo sistema se ha comprometido a revisar para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que anula por su excesiva cuantía las que deben pagar las personas jurídicas.

O el nuevo Registro Civil gestionado por "un determinado cuerpo de empleados públicos", probablemente el de letrados de la Administración de Justicia. Será "100 % público", ha dicho. La revisión del proceso civil, un mayor impulso a la mediación y el arbitraje como herramientas para reducir la litigiosidad, así como la transformación digital de la Justicia serán otros de los asuntos que abordará en esta legislatura.

Como también lo será el impulso de la Oficina Judicial y Fiscal, un proyecto que irá acompañado de un plan de redistribución de cargas de trabajo y de especialización de los juzgados.

En términos generales, los grupos de la oposición han aplaudido las reformas de Catalá, aunque han coincidido en que antes de dar la investigación al fiscal hay que garantizar su independencia.

Por parte del PSOE, Juan Carlos Campo ha esperado que cuando el ministro se refiere al consenso "desarrolle bien el contenido de esa hermosa palabra", y ha creído "absolutamente necesario" reformar "ya" el proceso penal y que la investigación la lleve el fiscal. Desde Ciudadanos han destacado que el plan de Catalá supone un "cambio significativo de la política que se ha desarrollado los últimos años", pero en línea con el resto de grupos han considerado indispensable cambiar el estatuto del ministerio público antes de otorgar la instrucción al fiscal para garantizar su independencia.

Es el caso de Podemos, cuyo diputado Jaume Moyá ha puesto en duda que se vaya a cumplir y ha coincidido con Ciudadanos en manifestar que a su grupo le gusta la "música" de las palabras de Catalá, aunque ellos no harán "de palmeros".