El Gobierno ultima un paquete de medidas para endurecer la Justicia

  • Retocar el Código Penal permitiría, según Fernández Bermejo, actuar ante pronósticos negativos de reinserción y optar por medidas limitativas de libertad · Terroristas y pederastas, en el punto de mira

La Justicia española necesita un cambio, sobre todo después de varios escándalos que han conmocionado a la opinión pública relacionados con pederastas y terroristas. El Ejecutivo se ha dado cuenta que es necesario endurecer las penas y los seguimientos a algunos presos. Uno de los asuntos urgentes que plantea el Ejecutivo es reformar otra vez el Código Penal en busca de cualquier resquicio que endurezca el castigo de los terroristas.

A raíz de la excarcelación definitiva del sanguinario etarra José Ignacio de Juana Chaos, tanto el PSOE como el PP han coincidido en la necesidad de que los terroristas no puedan volver, una vez en libertad, al mismo lugar donde se encuentren sus víctimas. En el artículo 96 del Código Penal se detalla un catálogo de medidas de seguridad, las conocidas como medidas postpena, entre las que está prevista la prohibición de residir en un lugar o territorio determinado, o la prohibición de acudir a determinados lugares.

Otro artículo que quiere matizar el Gobierno es el 48, que se refiere a la privación del derecho a residir en determinados lugares. Se puede prohibir al penado aproximarse a sus víctimas o familiares, pero el Ejecutivo pretende que este artículo se amplíe para que el terrorista no pueda acercarse a ninguna víctima de la banda armada.

También se va promover una ley para mejorar la atención a las víctimas del terrorismo que incluye la retirada de placas en las calles y cualquier tipo de símbolo de homenaje a terroristas.

Por ahora, ni el Gobierno ni el PP se plantean endurecer aún más las penas -actualmente con un cumplimiento máximo de 40 años de prisión-, al descartar la posibilidad de la cadena perpetua al entender que va contra la letra de la Constitución. La Carta Magna plantea el ingreso en prisión con el objetivo de reinsertar al preso en la sociedad.

Según el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, estas medidas que estudia el Gobierno permitirían actuar ante pronósticos negativos de reinserción y optar por medidas limitativas de libertad y harían también que nadie pudiera disfrutar de bienes si tiene una condena que implique a la vez responsabilidades civiles.

Todas estas reformas pretende emprenderlas el Ejecutivo en el último trimestre del año. Pero los retoques al Código Penal no sólo afectarán a terroristas, sino que los pederastas están también en el punto de mira. Después del asesinato de Mari Luz Cortés por un hombre que se encontraba en libertad por un fallo judicial, las alarmas saltaron en todos los despachos. Ahora, se pretenden llevar a cabo una serie de medidas de control que permitan que cuando un pederasta cumpla íntegramente su pena pueda vivir en libertad, pero en régimen de limitación de esta libertad.

Entre estas iniciativas, se encontraría algún mecanismo de control electrónico así como la posibilidad de que los pederastas condenados no puedan disfrutar de bienes si tienen una condena que implique responsabilidades civiles. También se estudia remozar la regulación de los contratos de seguro para que no puedan ser beneficiarios de seguros de vida, restricción que afectaría también a los condenados por delitos de violencia machista.

El Ministerio de Justicia se ha propuesto para finales de este año o principios de 2009 crear un registro de medidas cautelares, requisitorias y condenas que permitirá a los juzgados estar interconectados para averiguar las causas que tiene pendiente cada delincuente. El magistrado accederá fácilmente a la información sobre órdenes de busca y captura y de detención y así se podría conocer cuál es el riesgo de fuga.

Se pretende crear asimismo un sistema de gestión de todos los registros: el de violencia machista, el de medidas cautelares -apartado especial para pederastas- y el de penados -sentencias firmes-. Los tres estarán integrados y se formará una base de datos única, compartiendo todas sistema informático.

40 años

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