Un día después de que actuara la Fiscalía General, los servicios jurídicos del Estado presentaron ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) sendas demandas de ilegalización del PCTV y ANV, a las que la Abogacía del Estado considera la "sucesión" o "continuación" de Batasuna. La iniciativa, registrada ayer por el abogado del Estado Joaquín de Fuentes Bardají pide medidas cautelares como el embargo de las cuentas de ambos partidos y la suspensión de subvenciones públicas, ya sean estatales, autonómicas o municipales. Se espera que la Fiscalía complete hoy las actuaciones presentando la demanda de ilegalización de ANV, a la que los servicios jurídicos del Estado ven "la candidatura de ETA".

Según la Abogacía, con el análisis de los informes elaborados por las Fuerzas de Seguridad tras la detención de la cúpula de Batasuna se puede probar que "desde el punto de vista orgánico y funcional", el complejo ETA-Batasuna ha "fagocitado" al PCTV y ANV, "apropiándose de su estructura" y "utilizándolos" desde las elecciones de 2005 y 2007 "para obtener cobertura y presencia institucional". Sobre ANV, asegura que se trata de "la candidatura de ETA".

Los servicios jurídicos del Estado -que exigen al TS que embargue las cuentas corrientes y activos de las dos formaciones, que suspenda la entrega de toda financiación pública y que suspenda el derecho de ambas a ir a las generales-, resalta las vinculaciones financieras entre PCTV y ANV con la ilegalizada Batasuna.

La demanda, de 80 folios, dice que desde el punto de vista económico, las dos formaciones se han convertido "en parte de un circuito de financiación de Batasuna y de su mesa nacional", y de "soporte y empleo" a personas "significadas" en el complejo ETA- Batasuna. La demanda solicita la tramitación de un proceso de ilegalización pero se funda, esencialmente, en la existencia de una "relación de sucesión o continuación" de Batasuna.