El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha reiterado este viernes que la consulta secesionista del próximo domingo es ilegal y que carece de garantías democráticas, por lo que ha señalado que "lo que suceda el día 1 no será un referéndum".

En conferencia informativa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha ironizado sobre la rueda de prensa para explicar el operativo del 1-O, celebrada en el International Press and Broadcasting Center, en la sede de la compañía audiovisual Mediapro, por la que se han cobrado diez euros. "La presentación de unos contenedores o cubos como urnas cobrando diez euros no está mal como imaginación", ha dicho.

Preguntado por la decisión de algunas asociaciones de padres de realizar actividades extraescolares todo el fin de semana para garantizar que los colegios sigan abiertos el domingo, Méndez de Vigo ha calificado de "deleznable" la "manipulación de los niños en cualquier causa política".

Tras advertir de que situaciones como esas sobrepasan "muchas líneas rojas", ha considerado que "algunos padres deberían reflexionar seriamente sobre el particular". En todo caso, ha incidido en que las órdenes de la jueza que instruye el caso del 1-O son "meridianamente claras" en cuanto a la apertura de centros para la votación y ha opinado que no es bueno "buscar tretas para darle una vuelta a la ley".

Con todo, ha hecho un llamamiento "a la tranquilidad, la serenidad, el sentido común y a no cometer actos ilegales" y ha recalcado que es "muy importante evitar fracturas sociales". "Es el momento de tener cuidado con cosas que hacen unos y otros y que pueden llevarnos a situaciones no queridas", ha dicho Méndez de Vigo, quien ha confiado en que predomine el "seny" catalán.

Además, tras admitir que no ha visto el vídeo del PP en el que se acusaba a los independentistas de promover la "hispanofobia", Méndez de Vigo se ha limitado a apuntar que no cree que sea bueno, "en ningún caso," hacer "nada que contribuya a la ruptura de la convivencia", que es lo que le importa al Ejecutivo.

Y le importa al Gobierno también, ha recalcado, que las fracturas que han abierto los secesionistas "desaparezcan". En este contexto, ha asegurado que el Ejecutivo seguirá actuando con "firmeza y serenidad", dentro del respeto a la ley.

Ha valorado, en esta línea, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los tribunales de justicia en defensa de las leyes y la "dignidad" con la que realizan sus funciones, ajenos a "coacciones y amenazas".

No ha querido pronunciarse sobre si habrá declaración unilateral de independencia o no y tampoco se ha pronunciado sobre si Carles Puigdemont seguirá como presidente catalán después del 1-O.

Según su criterio, eso es algo que tendrá que decidir el propio Puigdemont, a quien ha acusado de actuar con "deslealtad notable", teniendo en cuenta que es el máximo representante del Estado en Cataluña.

El ministro ha subrayado que, en cualquier caso, el Gobierno va a "defender la unidad constitucional de España" y los derechos de los ciudadanos y la democracia, frente a aquellos "que alientan plebiscitos y eluden los controles democráticos. También defenderá que "las ideas puedan expresarse libremente" dentro del pluralismo político.