El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostró ayer tajante con la resolución aprobada ayer por el Parlamento vasco en la que acusa al Gobierno de amparar torturas a etarras detenidos. Indicó que el texto dice "cosas inciertas" y "muy graves" ya que el Ejecutivo "no ampara nada, y mucho menos las torturas". El secretario general del PSE-EE, Patxi López, calificó la resolución como "un ejercicio de irresponsabilidad enorme", mientras que el consejero de Interior vasco, Javier Balza, consideró que "merece todo el respeto" al haber sido aprobado por la "mayoría" de la Cámara vasca.

El Parlamento vasco aprobó el viernes, con los votos a favor de todos los grupos de la cámara salvo PP y PSE, un texto en el que señala al Gobierno central por "amparar" a los ocho agentes de la guardia civil sospechosos de torturar a los etarras Igor Portu y Martín Sarasola, presuntos autores del atentado de la T-4, detenidos en enero en Mondragón.

Uno de los principales puntos que quiso dejar claros Rubalcaba es que estas denuncias han de ser acogidas siempre con cautela, aunque también se tomen en consideración. "Todo el mundo sabe que ETA da instrucciones a sus militantes de denunciar torturas inmediatamente después de ser detenidos", indicó el responsable de la cartera de Interior. A pesar de ello, aseguró que "se investigan todas".

Rubalcaba recalcó que las denuncias a las que se refiere la Cámara vasca "están investigándose en este momento en sede judicial". Asimismo, el ministro reiteró que "los primeros y más interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo y en que el Estado de derecho actúe en este caso son la Guardia Civil y el Gobierno".

El enfado del Ejecutivo pasó inadvertido para Balza, quien se limitó a reiterar la legitimidad de la resolución aprobada por el Parlamento regional. Balza insistió en que se trata de un texto "que merece todo el respeto, está aprobado por la mayoría y, por lo tanto, es la expresión de lo que piensa la mayoría de esta sociedad".

Sin embargo, para el secretario general del PSE-EE, Patxi López, la aprobación de esta resolución, más que un ejercicio de democracia es de irresponsabilidad hacia el Estado de Derecho. López criticó "la imagen que dieron algunos partidos" cuando, "olvidando lo que acababa de pasar [el asesinato del guardia civil Juan Manuel Piñuel], dando la espalda a un Estado de Derecho, asumieron el manual del terrorista detenido, asumieron sus argumentos y tuvieron la inmoralidad de decir que el Gobierno de España ampara torturas sistemáticas". El dirigente socialista ofreció "unidad entre los demócratas para combatir a ETA y a los que todavía apoyan y sus acciones".

Sus declaraciones, lejos de favorecer la unidad entre las formaciones, levantaron nuevas ampollas. El portavoz parlamentario de Ezker Batua, Antón Karrera, le respondió reclamando soluciones ante la presunta tortura a presos etarras. "En vez de acusar al legislativo autonómico y al tripartito de utilizar el manual del terrorista, pida al Gobierno del Estado que asuma compromisos efectivos contra la tortura, en coherencia con los planteamientos de Amnistía Internacional y organizaciones en defensa de los derechos humanos".

Karrera solicitó al PSE-EE que reconozca la "legitimidad" de la Cámara vasca para denunciar "la práctica de la tortura como una violación de derechos fundamentales" y señaló que sentencias judiciales "confirman la existencia de malos tratos en comisarías, ratificadas también por Amnistía Internacional".