El Gobierno afirma que ETA controla ANV y PCTV y pide su ilegalización

  • La Abogacía del Estado defiende que las dos formaciones vascas han sido "instrumentalizadas" por la banda y son "sucesoras" de Batasuna · Es el último trámite antes de la resolución final del Supremo

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El Gobierno considera que Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) son "instrumentos" de la banda terrorista ETA. Así lo argumentó ayer el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) para solicitar la ilegalización de ambas formaciones al considerar que vulneran la Ley de Partidos Políticos.

Los Servicios Jurídicos del Estado presentaron ante la Sala del 61 sus informes finales en el proceso contra ambas formaciones. El pasado lunes fue la Fiscalía la que presentó sus escritos, con conclusiones similares a los de la Abogacía del Estado. Tras el trámite realizado por el Gobierno, probablemente hoy la sala dictará una providencia que dotará de 20 días de plazo a las formaciones demandadas para presentar sus escritos de defensa finales, después de lo cual, el Tribunal Supremo dispondrá de 25 días para dictar sentencia.

En dos escritos en los que solicita la ilegalización del PCTV y ANV, de 42 y 51 páginas, respectivamente, la Abogacía del Estado analiza una a una las pruebas practicadas durante el proceso que se lleva a cabo en la Sala 61 del TS, al tiempo que se insiste en que la Ley de Partidos "no prohibe, proscribe o persigue ideas o ideologías, ni restringe la libertad de expresión, ni violenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". En ambos, el argumento es similar: PCTV y ANV son "meros instrumentos o herramientas del terrorismo de ETA-Batasuna".

Sobre el PCTV, se señala que las pruebas que acreditan la instrumentalización las han obtenido las Fuerzas de Seguridad del Estado a lo largo del periodo 2005-2008, con la investigación que se realizó en torno a este partido en las elecciones autonómicas de 2005, después de la ilegalización de la agrupación electoral Aukera Guztiak. Se apunta, además, que antes no había desarrollado actividad política alguna y que, tras la ilegalización de la mencionada agrupación, asumió sus postulados, amén de la participación de personas de Batasuna en su campaña y actos electorales.

"La facilidad con que el PCTV renunció a su propio programa para asumir el de las agrupaciones ilegalizadas constituyó un primer indicio de su utilización por ETA-Batasuna", apunta el escrito, que matiza que, desconociendo la fuerte vinculación apreciada después, se le permitió concurrir a los comicios. Tras señalar que ETA-Batasuna asumió los resultados electorales del PCTV, la Abogacía del Estado, señala que una vez en el Parlamento vasco, esta formación "ha actuado como sucesor de los grupos parlamentarios de Batasuna, manteniendo sus mismas posturas y siendo controlado por miembros de Batasuna".

Así lo entendió incluso el propio lehendakari, Juan José Ibarretxe, "que en la ronda de contactos con las distintas fuerzas con representación en el Parlamento vasco excluyó al PCTV, por entender que era suficiente la entrevista con el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi", se señala. A ello añade que los parlamentarios del PCTV "nunca han condenado la violencia", que las sedes del PCTV han sido fijadas por dirigentes de Batasuna y que existe una caja común y una gestión de administración conjunta que integran los fondos y recursos de PCTV, ANV y Batasuna, desde la que se financia a esta última.

Respecto a ANV, la Abogacía del Estado sostiene que ha quedado acreditada la dirección de Batasuna en el proceso de presentación de candidaturas y realización de la campaña en las elecciones municipales de 2007. Entre las pruebas, las contenidas en un hardware intervenido al presunto etarra Gorka Murillo, con el título Elecciones 2007. Pasos a dar en el ámbito jurídico. También en este caso se indica que, con el acceso a determinados ayuntamientos, ANV "ha asumido la totalidad de los postulados del entorno de ETA, incluida la no condena de la violencia terrorista".

El informe añade que en Hernani (Guipúzcoa) y Elorrio (Vizcaya) se han creado comisiones informativas de presos y represaliados y realizado declaraciones en línea directa con los postulados de ETA. También se citan como pruebas la intervención de la alcaldesa de Hernani, Marian Betialarrangoitia, en el acto del 12 de enero, en el que mandó un aplauso "lo más caluroso posible" a los autores del atentado en la T-4 de Barajas.

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