La Generalitat malversó 1,6 millones de las arcas públicas para el 1-O

La Generalitat malversó al menos 1.602.001,57 euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum del 1 de octubre. Ésta es una de las conclusiones que figuran en el informe final remitido al juez de Tribunal Supremo Pablo Llarena, en el que la Guardia Civil detalla el gasto público acreditado y cuantificado para financiar el 1-0, repartido entre cinco consellerias (Economía, Trabajo, Presidencia, Salud y Cultura), aunque precisa que faltan aún por cuantificar otras partidas vinculadas a la consulta.

Esta cifra es el resultado de sumar al gasto de publicidad y del Diplocat, los 979.661 euros cargados por la empresa Unipost por el coste vinculado al suministro de papeletas, el censo electoral y las citaciones como componente de mesa electoral. Esta empresa libró facturas que la Generalitat repartió entre las consejerías dirigidas por Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa, Antoni Comín y Lluís Puig.

La Guardia Civil acredita ese gasto repartido entre cinco 'consellerias'

El citado reparto se realizó para "una mejor ocultación del gasto destinado al referéndum". Para ello, estos cinco departamentos contrataron el reparto de unas 56.000 cartas certificadas y otras 5.346.734 unidades (censo electoral) que se pretendía repartir como ordinarias.

La Guardia Civil también incluye las cantidades destinadas por la Conselleria dirigida por Jordi Turull a la campaña de registro de catalanes en el exterior, por un total de 224.835 euros y para la campaña de publicidad de difusión del 1-O, a la que destinaron 277.804 euros.

Los investigadores informan a Llarena de dos pagos de 119.700 euros que realizó el Diplocat a la empresa The Hague Center for Strategic Studies, a la que pertenecían los observadores que acudieron para la jornada del referéndum ilegal.

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