La Generalitat estudia que 150.000 ciudadanos puedan pedir un referéndum

  • El conseller de Gobernación, Jordi Ausàs, apuesta por que el porcentaje de personas necesario para pedir la consulta se encuentre entre el 3% y el 5%.

Con la polémica de las consultas populares en Cataluña y País Vasco vigentes, el conseller de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalitat, Jordi Ausàs, propuso que la futura Ley al respecto establezca que entre 150.000 y 200.000 personas puedan pedir un referéndum, además del Gobierno y Parlamento regionales. Así, la Consellería apuesta por que el porcentaje de ciudadanos para reclamar un plebiscito se establezca entre el 3% y el 5%, si bien subrayó que la autorización última corresponde a la Administración central.

Después de reunirse con los impulsores del Cercle d'Estudis Sobiranistes, Ausàs explicó que la Conselleria de Gobernació encargará en los próximos días el articulado de la Ley de consultas populares al Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, para que esté "impecablemente de acuerdo con el marco constitucional". Para el conseller, el Estatut es el que da a la Generalitat la potestad para regular este tipo de consultas, pero en cualquier caso puntualizó que corresponderá al Estado la autorización de cualquier referéndum.

En su opinión, uno de los objetivos de su departamento es "fomentar la participación directa de la ciudadanía" y promover el derecho a decidir, por lo que la futura norma debería establecer entre 150.000 y 200.000 personas el número de apoyos necesarios para solicitar un plebiscito. Además, también estarían facultados el Gobierno catalán y el Parlamento de esta autonomía, al tiempo que la Conselleria defiende que, en porcentaje, la cantidad de ciudadanos límite para este tipo de solicitudes se encuentre entre el 3% y el 5%, cifras requeridas para contar con representación en el Parlament y los ayuntamientos, respectivamente.

Ausàs presentó el martes pasado ante el Consell Executiu la memoria de esta normativa, como paso previo a la elaboración del articulado. En este sentido, recordó que la ley debe aprobarse por mandato parlamentario, estatutario y porque figura en el actual plan de Gobierno del Ejecutivo catalán para la actual legislatura.

La voluntad de la Conselleria es que antes de las vacaciones de verano esté listo el texto, previo paso por el Gobierno regional. Por este motivo, Ausàs explicó a los impulsores del Cercle los objetivos recogidos en la memoria de la ley, mientras que éstos le entregaron su propio documento de bases para elaborar la normativa y se ofrecieron para cualquier colaboración a este respecto.

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