La Junta General de Álava disuelve el grupo de Acción Nacionalista Vasca

  • La decisión se tomó por unanimidad después de que la institución pidiera aclaraciones al juez Garzón

La Mesa de las Juntas Generales de Álava acordó ayer la disolución del grupo foral de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en esta institución, una decisión tomada por unanimidad. En las Juntas Generales vascas (Parlamentos provinciales) ANV sólo tiene representación como grupo en Álava, donde cuenta con cuatro junteros. En Vizcaya sólo tiene un procurador y en Guipúzcoa ninguno, ya que sus candidaturas fueron ilegalizadas.

La disolución del grupo de ANV en Álava conllevará el ingreso de sus cuatro procuradores, a título individual, en el grupo mixto, ahora integrado por EB y Aralar. Esta medida supondrá para los junteros de ANV recuperar las asignaciones económicas como grupo y las dietas por asistencia a plenos y comisiones que tenían bloqueadas.

Actualmente, los cuatro junteros de ANV no percibían ninguna asignación económica, ya que las Juntas Generales de Álava habían bloqueado sus cuentas, cumpliendo con la orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que ordenó la suspensión cautelar de las actividades de ANV.

Las cantidades económicas que le habían sido retenidas al grupo foral de ANV están ingresadas en la cuenta del juzgado correspondiente y ahora los servicios jurídicos de las Juntas Generales van a consultar al magistrado sobre el destino de las mismas.

La Mesa de las Juntas Generales de Álava ha dado este nuevo paso, el de disolver el grupo foral de ANV, después de solicitar aclaraciones al magistrado sobre el alcance del auto de febrero.

La decisión de disolver al grupo de ANV fue adoptada por unanimidad de la Mesa, donde están integrados PP (2 junteros), PSE (1), PNV (1) y EB (1).

Por otra parte, la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, defendió ayer la iniciativa que va a registrar en el Congreso para solicitar la disolución de los ayuntamientos que dirige Acción Nacionalista Vasca, recalcando que si esta medida se aplicó en Marbella tras descubrirse varios casos de corrupción debe utilizarse también contra aquellos consistorios "que están gobernados por terroristas".

"Creo que si por irregularidades económicas se disuelve un ayuntamiento, cuando ese ayuntamiento está gobernado por terroristas sobran razones y motivos y hay instrumentos legales para hacerlo", comentó Díez quien concretó que su texto tiene como objetivo reclamar al Ejecutivo que utilice una prerrogativa que "sólo está en su mano aplicar", como es la activación de los mecanismos previstos en el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local.

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