El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, imputó ayer a otras 34 personas por su relación con la presunta trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa. Entre los 37 imputados, a los que se acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias, se encuentra el alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, que presentó ayer su dimisión como primer edil tras desafiar la víspera a su jefe de filas, Mariano Rajoy, al que contradijo después de que éste anunciara su dimisión. Panero, que conservará su acta de edil y que dimitió después de que también lo hiciera su número dos, María Jesús Díaz, se declaró una "víctima" de la situación.

Además del alcalde de Boadilla, en la operación Gürtel (correa en alemán, en referencia al apellido del cabecilla de la trama), aparece un segundo cargo del PP, el ex regidor de la localidad madrileña de Majadahonda Guillermo Ortega, que el pasado lunes dimitió como gerente del Mercado Puerta de Toledo. En el listado de imputados, todos ellos a petición de la Fiscalía Anticorrupción, figura también el ex consejero delegado de Repsol YPF Ramón Blanco Balín y el último de los detenidos, el responsable de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez, que fue arrestado la noche del pasado lunes en Valencia.

Otro de los nombres destacados en esta trama es el de Jacobo Gordon, testigo de la boda de Alejandro Agag y la hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar. El propio Garzón, que alzó parcialmente el secreto de sumario, anunció que comenzará hoy los interrogatorios, que se prolongarán hasta el día 5 de marzo.

Garzón abrió también una pieza separada relacionada con el mismo sumario en la que investigará las posibles filtraciones, después de las quejas presentadas por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ante el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. El CGPJ analizará igualmente las posibles filtraciones. A este respecto, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, tachó de "infamia" que se pueda sugerir que el PSOE o el Gobierno estén detrás de estas revelaciones.

Desde el PP, tanto la propia De Cospedal como la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, hicieron una férrea defensa de la honestidad del PP. Ambas opinaron que la situación es "escandalosa" y señalaron que hay "una campaña de desprestigio" contra su partido. De Cospedal dijo que no consentirá que esta situación "empañe" la trayectoria "intachable" del PP.

Entre las declaraciones de dirigentes del PP destacó, por la comparación que hizo, la del alcalde de Valladolid, Francisco León de la Riva, que opinó que al igual que las bombas de ETA son "habituales" antes de unas elecciones, "las actuaciones de Garzón también".