Garzón impide al PP personarse en la causa ante el riesgo de que haya miembros implicados

  • La formación protesta ante la Fiscalía y anuncia que recurrirá el auto por ser "jurídicamente impresentable".

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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón advierte en su auto que rechaza la personación del PP en la causa que investiga la presunta trama de corrupción que salpica a la formación liderada por Mariano Rajoy, debido a que "existen serios indicios" de que miembros del partido estén implicados en la causa, lo que a su vez implica que no podrán recusar al magistrado. Por su parte, desde el PP presentaron una queja ante la Fiscalía General del Estado por acusar a los denunciantes de las filtraciones, y también que recurrirán el auto del juez Garzón por ser "jurídicamente impresentable, a pesar de que no existe posibilidad de recurso.

Baltasar Garzón anticipa en el auto en el que rechaza la personación del PP en la causa que investiga la presunta trama de corrupción en administraciones de Madrid y Valencia desmantelada en la denominada 'operación Gürtel' que "existen serios indicios de que personas vinculadas a esa formación política podrían tener responsabilidad en esa causa o en aquellas otras que se comiencen a tramitar tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de algunas de ellas". Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 afirma que la resolución mediante la que se inhibirá de la causa "se producirá una vez concluya el análisis policial/pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente". 

En ese caso, la investigación correspondería al Tribunal Supremo en caso de que los imputados fueran miembros del Gobierno y diputados en el Congreso y de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid o Valencia, respectivamente, si ocuparan estos cargos a nivel autonómico. Según explicaron fuentes jurídicas, la inhibición de la causa en favor del Supremo o los respectivos tribunales superiores de justicia se referiría exclusivamente a la parte de la investigación que afectara a los aforados, por lo que el juez continuaría instruyendo el resto de la causa. 

El instructor, que no cita a ningún cargo público concreto, explica que el postulante, en referencia al PP, "no puede ostentar" la condición de parte personada en la causa. De este modo, evita entrar a decidir sobre la recusación presentada contra él por el PP, que pretendía apartarle de la instrucción alegando su "enemistad manifiesta" y "animosidad" contra el partido. Según el juez, la personación del PP en este sumario, que se encuentra secreto, resulta "absolutamente incompatible, como tampoco puede serlo a título de imputado por tratarse de una persona jurídica". De igual modo, cree "prematuro" que se pueda considerar a esta formación como "responsable civil subsidiario" y añade que como acusación popular "no reúne los requisitos exigidos legalmente para decidir en este momento". 

En este sentido, el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, anunció que su partido recurrirá "inmediatamente" el auto dictado por Garzón, argumentando que "resulta una desfachatez" que no se considere perjudicado a su partido, "un despropósito jurídico que diga que contra su decisión no cabe recurso y una barbaridad inaceptable que anuncie que puede haber imputados de futuro que puedan ser aforados, como si fuera una amenaza". Por último, Trillo ha concluido asegurando sobre el juez Garzón que, "a sus tremendas  responsabilidades, suma ahora este auto jurídicamente impresentable".

Por su parte, Mariano Rajoy insistió en que su partido tiene derecho a personarse en la causa. En declaraciones a los medios de comunicación en Orense, el líder 'popular' defendió que personarse en la causa es el "mínimo derecho" que tiene su partido, a pesar del auto de Garzón. "Se intenta hacer una causa general contra el PP. Queremos estar allí, saber a quién se acusa del PP y de qué", aseveró Rajoy, que también reclamó que se levante el secreto de sumario "para saber exactamente de qué estamos hablando". Al respecto, indicó que en los medios de comunicación figuran "nombres de muchas personas, de gente honorable que lógicamente ven manchada su reputación" y que, sin embargo, "no pueden defenderse". "No saben si alguien les acusa y de qué y, por tanto, es de puro sentido común", arguyó para reclamar la "transparencia" de la Justicia, que es la "exigencia mínima de un Estado democrático".

Asimismo, la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, aseguró que serán "contundentes" en caso de que haya alguien implicado en una trama de corrupción en su partido, pero consideró que "se está haciendo un uso abusivo para presentar este asunto como una trama en contra del PP". "Actuaremos con contundencia, pero no se trata de una trama del PP, sino una trama en contra del PP y no vamos a consentir que se manche el nombre de nuestro partido", garantizó De Cospedal. Asimismo, la secretaria general del PP afirmó que no tiene ninguna duda "de que este asunto se ha planteado por parte de muchas instancias y medios como una ofensiva y un ataque en toda regla al Partido Popular, en un momento preelectoral".

Por otro lado, el PP presentó un escrito ante la Fiscalía General del Estado en el que se queja de que culpe a los denunciantes de las filtraciones del sumario que está instruyendo Garzón sobre la 'operación Gürtel', un "burdo razonamiento", a su juicio, para eludir la persecución de oficio del delito de revelación de secretos. En primer lugar, el PP asegura en su escrito que resulta "sorprendente" que la primera consecuencia de la investigación del Ministerio Público sea "un documento en lenguaje deliberadamente encriptado", al hablar de "la denuncia" interpuesta en su día sin especificación alguna de los denunciantes.

Tras insistir en la "indefensión" a la que, a su juicio, está sometida su partido con las filtraciones, el PP recalca que lo que "resulta ya jurídicamente inadmisible" es que el fiscal alegue que las conversaciones transcritas que se han publicado "formaban parte de la información aportada por el denunciante, bien en su denuncia inicial o el ulteriores ampliaciones a la misma". En este sentido, el PP denuncia que al fiscal general le baste "con culpar, por sí y ante sí, a los denunciantes, para excusar cualquier investigación de un delito perseguible de oficio" como es la revelación de secretos.

Por eso, el PP recalca que no puede admitir en forma alguna que "quien tiene la obligación legal de perseguir los delitos de oficio se ampare en un razonamiento tan burdo para eludir la persecución de un delito público cual es la revelación de secretos". En opinión del PP, el juez y los fiscales tienen la obligación legal de velar por el secreto del sumario y, por tanto, "no es admisible que el cumplimiento de ese deber quede sin investigar por una mera finta del Fiscal General del Estado, que trata de eludir su responsabilidad, imputándoles la conducta a los denunciantes".

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