La Fiscalía Anticorrupción cifra en 4.916.000 euros la financiación irregular del PP de Madrid en 2007, 2008 y 2011 a través de la red Púnica, una cantidad que obtiene sumando el dinero que gastó de más en las campañas electorales de esos años y que no incluyó en su contabilidad electoral. En un informe del pasado 8 de marzo, la Fiscalía destaca que el PP puso en marcha "un grupo de decisión", liderado por el ex consejero madrileño Francisco Granados y el ex gerente del partido regional Beltrán Gutiérrez, que usó varios "canales de financiación irregular" para pagar los excesos de gasto de esas tres campañas electorales.

Calcula ese exceso a partir del estudio de la contabilidad B que se halló a Gutiérrez y lo divide por años, de manera que en 2007 fueron 2.685.000 euros, en 2008 685.000 y en 2011 1.546.000 euros; en este último caso, "sin contar la cuenta de funcionamiento del partido, que no era cuenta electoral". "El Partido Popular presentó una contabilidad electoral de recursos y gastos en los que no incluyó esos importes", destaca Anticorrupción.

El desglose de facturas reflejaba que unas iban al Tribunal de Cuentas y otras eran "opacas"

El documento analiza los dos efectos incautados que han sido claves para encontrar indicios de financiación irregular del PP madrileño: una libreta hallada en el domicilio de Granados y un pendrive encontrado a Gutiérrez. En la libreta hay anotaciones manuscritas sobre actos de campañas de septiembre de 2010 a abril 2011, y en un hoja aparecen dos columnas "IN-OUT", donde, dice la Fiscalía, "supuestamente se relacionaban los ingresos procedentes de determinados empresarios" y se vinculan con salidas a personas como Granados y Gutiérrez.

El "segundo hallazgo importante para la investigación" fue la intervención de dos lápices de memoria de Gutiérrez en el registro a domicilio en febrero del 2016, cuyo análisis "revela la existencia de una contabilidad B de gastos electorales de las campañas electorales de los años 2007, 2008 y 2011 (municipales, autonómicas y nacionales)".

De estas pruebas, dicen las fiscales del caso, se extrae que una vía de financiación era a través de empresarios que hacían trabajos electorales para el PP y que "acordaban facturar a quien se les indicara desde la gerencia del partido". En esas facturas desglosaban los importes para que una parte se declarara al Tribunal de Cuentas y otra, en cambio, "fuera opaca". Así, en 2007, 2008 y 2011, el PP de Madrid pudo haber violado la normativa electoral y superó en cada campaña los límites de gasto, "derivando su pago a canales opacos de financiación ilegal".