La estrategia global de colaboración y la subordinación a Batasuna, los vínculos económicos, el apoyo a la violencia y la ausencia de condena de los atentados de ETA, la prestación de cobertura política y la estrategia conjunta de ETA y la izquierda abertzale contra el Tren de Alta Velocidad, son los argumentos que utilizó la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) en su escrito de alegaciones ante la Sala Especial del Alto Tribunal para solicitar la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) en el proceso que se sigue contra estas dos formaciones de las que concluye que con su actuación han incurrido en las causas de ilegalización previstas en la Ley de Partidos Políticos.

Según el escrito presentado por la Fiscalía sobre ANV "tras una inicial ambigüedad calculada", esta formación desarrolló "una estrategia global de colaboración" con Batasuna -una organización ya ilegalizada-, con una total subordinación a sus directrices y objetivos, incluido el apoyo a la violencia.

El fiscal divide las causas de ilegalización en dos planos, uno político y otro económico. En el primero incluye las actuaciones de "apoyo al terrorismo" realizadas por ANV, en las que ha legitimado las acciones de ETA o ha minimizado su significado.

Estos hechos pudieron comprobarse en la actitud de los grupos municipales de Durango y Baracaldo tras los atentados terroristas contra el cuartel de la Guardia Civil en la localidad vizcaína y el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton (Francia), y que los grupos municipales de esta formación no condenaron sino que "lamentaron".

En el segundo aspecto, el relativo al apoyo económico, la Fiscalía entiende que ha quedado acreditada durante el juicio la existencia de una "significativa asistencia financiera" de ANV hacia la coalición radical, y que existen reiteradas pruebas "de una estructura común con un sistema de caja única que incluso radicaba en la misma sede del PCTV, desde donde se llevaba la contabilidad de las tres organizaciones". Así, existen documentos bancarios que demuestran que ANV pagó diversas facturas de actos políticos realizados por miembros de Batasuna.

La Fiscalía también encuentra suficientemente acreditada la colaboración habitual del PCTV con Batasuna. En diversas ocasiones, la Policía vigiló reuniones de miembros de Batasuna en la sede del PCTV.

Según la Fiscalía, a partir de junio de 2007 "se comienza a apreciar un paulatino acercamiento entre el PCTV/EHAK y Batasuna, que se irá traduciendo en una colaboración cada vez más estrecha hasta culminar, no sólo en la cesión de los medios materiales" sino en la puesta a disposición del grupo abertzale "de la propia actividad de los responsables y representantes del partido demandado, incluida su capacidad de comunicación y presencia pública, además de la que ha llevado a efecto en sede parlamentaria, "sometiendo para ello el contenido de su discurso político y de sus decisiones a las concretas instrucciones y directrices de los dirigentes del partido ilegal".

Además, para la Fiscalía es significativo que cuando la Policía registró la sede del PCTV en Usúrbil, las llaves del local se encontraban en poder de un miembro de la mesa nacional del grupo independentista.

Asimismo, existe una vinculación laboral, puesto que los responsables del PCTV tenían contratadas a 49 personas, 16 de las cuales pertenecían a la mesa nacional. En la contabilidad del PCTV figuran facturas de gastos realizados por miembros de Batasuna, y el envío de dinero al extranjero a personas del aparato.

Se espera que a mediados de septiembre la Sala del 61 del Supremo dicte sentencia.