Por primera vez y a escasos días de cumplirse el quinto aniversario del siniestro aéreo del Yak-42, que acabó con la vida de 62 militares españoles en Turquía, la Asociación de Familiares de Víctimas solicitó ayer la imputación del ex ministro de Defensa y diputado del PP Federico Trillo por los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y comisión por omisión de homicidio con resultado de muerte. Ésta no es la única imputación que demandan, ya que incluyen a toda la cúpula militar del momento de la tragedia, exceptuando al Jefe de Estado Mayor de la Armada. Asimismo, insisten en que la investigación aún no ha concluido, motivo por el que solicitarán la comparecencia de más testigos.

A apenas días del quinto aniversario de la tragedia que tuvo lugar el 26 de mayo de 2003, los familiares de los fallecidos en el siniestro no están dispuestos a olvidar lo ocurrido. Consideran que es el momento de exigir las responsabilidades oportunas, por lo que han comenzado a actuar con contundencia al presentar en la Audiencia Nacional un escrito en el que solicitan la imputación de Trillo, que ya compareció como testigo ante el juez del caso, Fernando Grande-Marlaska.

Así lo anunció la Asociación de Familiares de Víctimas del Accidente Aéreo del Yakovlev-42 durante una rueda de prensa en la que especificó que los delitos por los que debe imputarse al ex ministro son el de malversación de caudales públicos (al haber "indicios de que se pagó poco dinero y de que no viajaban como ciudadanos"), falsedad documental y comisión por omisión de homicidio con resultado de muerte en el marco de la causa que se sigue por la contratación de la aeronave siniestrada.

Los familiares de los fallecidos no se conforman con la imputación de Trillo sino que solicitan la de toda la cúpula militar al frente del Ejército en el momento del accidente, exceptuando al Jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general Francisco Torrente. Se refieren, pues, al jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Antonio Moreno Barberá; al jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general del Ejército del Aire Juan Luis Ibarreta; al jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Luis Alejandre Sintes; y al jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, general del Aire Eduardo González Gallarza, además de a cuatro oficiales del Grupo de Control Conjunto. Incluyen también al oficial de enlace de España con la agencia logística de la OTAN, y al teniente general del Aire, José Antonio Beltrán Doña, ya imputado en la otra causa abierta del accidente, relativa a la identificación errónea de los cadáveres.