EL Congreso de los Diputados convalidó ayer los dos decretos que contienen el plan de ajuste más drástico adoptado por un Gobierno democrático. Lo hizo gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular que, sin embargo, fue incapaz de ganarse el apoyo de ningún otro grupo parlamentario. Horas más tarde, las protestas callejeras que se han venido sucediendo en los últimos días, protagonizadas en buena medida por funcionarios y empleados públicos, cristalizaron en masivas manifestaciones que recorrieron calles y plazas de ochenta ciudades españolas, convocadas por las centrales sindicales CCOO y UGT y apoyadas por otras organizaciones y colectivos. Es de destacar que los recortes decididos por el Gobierno para cumplir los compromisos de estabilidad presupuestaria y a instancias de la Unión Europea, que los exige como condición para ejecutar el pactado rescate bancario, afectan a la totalidad de la población como pagadora de la subida del IVA y otros impuestos y como usuaria de las prestaciones y servicios sociales que se verán objetivamente mermados. No obstante, la mayor incidencia se produce entre los empleados del sector público a todos los niveles, que sufren un notable recorte salarial al perder la paga extra de Navidad -sumada a las reducciones retributivas ya decretadas anteriormente por los gobiernos Zapatero y Rajoy-, y a los desempleados, que encontrarán más obstáculos para recibir el subsidio y lo percibirán durante menos tiempo. Estos colectivos tienen razones para estar descontentos con la política económica puesta en marcha por el Gobierno de la nación, urgido por una situación de asfixia de las arcas públicas y endeudamiento exterior difícil de afrontar sin un saneamiento a fondo. Para el Gobierno no existe otra alternativa, mientras que otros sectores desconfían de su voluntad de distribuir equitativamente los imprescindibles sacrificios y auguran que la recesión derivada del menor consumo que provocarán los recortes convertirá en inútiles esfuerzos tan impopulares.