El duro decreto contra la inmigración irregular elaborado por el Ejecutivo italiano de Silvio Berlusconi ha desatado numerosas críticas del Gobierno. Si la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguraba el pasado viernes con firmeza no compartir esa política de expulsiones, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, insistía ayer en Badajoz en que el Gobierno de Italia "pone más el acento en discriminar al diferente que en gobernar el fenómeno".

Zapatero creía que la polémica estaba zanjada, pero el cruce de declaraciones no se detiene. Para Corbacho, "un inmigrante ilegal sólo puede tener un destino, el retorno a su país, pero por medio hay que cumplir todos los requisitos de respeto a los derechos humanos". Se refería a las redadas contra la inmigración irregular llevadas a cabo la semana pasada por la Policía italiana, que se saldó con la detención de 400 sin papeles y 53 expulsiones del país.

Las declaraciones de la vicepresidenta habían provocado malestar en Roma. Tras el Consejo de Ministros, aseguró que "no comparte la política de expulsiones" de Italia porque "no respeta la ley ni los derechos de los inmigrantes". Pero Corbacho y De la Vega no han sido los únicos. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, también se refirió en El País a los comentarios sobre el "Gobierno rosa" de Zapatero que hizo Berlusconi. La ministra considera que Il Cavaliere debería acudir al psiquiatra, "aunque igual no sería demasiado efectivo, porque le harían falta muchas sesiones".