El Constitucional rechaza la recusación de Bildu al juez Francisco Hernando

  • La coalición de la izquierda abertzale pretendía apartarlo de las deliberaciones por su intervención en la ilegalización de Batasuna cuando era presidente del Supremo.

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El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado de plano la recusación presentada por Bildu contra el magistrado de este órgano Francisco Hernando, al que la coalición pretendía apartar de las deliberaciones al considerarle "contaminado", al haber intervenido en la ilegalización de Batasuna y de otras marcas de la izquierda abertzale cuando fue presidente del Tribunal Supremo.

Fuentes del alto tribunal explicaron que, una vez rechazada 'ad limine' la recusación, Hernando se ha incorporado a la Sala Segunda de este órgano, que en torno al mediodía de este jueves ha comenzado a entrar en el fondo para decidir si admite el recurso de amparo presentado por la coalición de EA y Alternatiba contra la anulación de sus 254 listas electorales por el Tribunal Supremo.

 No obstante, cabe la posibilidad de que la decisión acabe siendo avocada al Pleno si a lo largo del debate los seis magistrados de la Sala ven que las deliberaciones conducen a un empate, según las mismas fuentes. Se da la circunstancia de que el magistrado designado ponente de la resolución es el propio Hernando.

A primera hora de esta mañana el tribunal de garantías ya contaba con las alegaciones presentadas tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado respecto del recurso de amparo que la coalición de EA y Alternatiba, que debe ser resuelto antes de las doce de esta noche.

Según fuentes jurídicas, la recusación de Hernando estaba relacionada con el hecho de que este magistrado fue quien presidió el Tribunal Supremo y su  Sala del 61 cuando se acordó la ilegalización de Batasuna en marzo de 2003, así como el resto de resoluciones que han impedido la concurrencia a comicios electorales de varias marcas de la izquierda abertzale.

División ideológica

La Sala Segunda, que es a la que en principio está estudiando el recurso de Bildu, presenta una fuerte división ideológica entre sus magistrados, tres de los cuales pertenecen al "ala progresista" de la institución, mientras los otros tres pueden ser etiquetados como "conservadores". Será la primera vez que un asunto relacionado con la Ley de Partidos llega al Pleno del tribunal de garantías constitucionales.

El tribunal que en principio debe resolver sobre Bildu está presidido por el magistrado "progresista" Eugeni Gay, y la completan los designados a propuesta del PSOE Elisa Pérez Vera y Luis Ignacio Ortega, además de los nombrados bajo el auspicio del PP Francisco Hernando (ex presidente del Tribunal Supremo), Ramón Rodríguez Arribas y Francisco Pérez de los Cobos.

Este último, junto con Ortega y Hernando, se estrenan en cuestiones relacionadas con la izquierda abertzale ilegalizada tras la última renovación consumada en el alto tribunal el pasado mes de enero.

Posible intervención del Pleno

En caso de empate cabría la posibilidad de que Gay utilizara un voto de calidad, en "analogía" con la misma figura que la Ley regula para el presidente del Tribunal Constitucional, aunque también es probable que se avoque el asunto al Pleno, donde existe una mayoría de siete magistrados de corte "progresista" frente a cuatro que se pueden etiquetar de "conservadores".

Si el asunto llega al Pleno, al bloque "progresistas" se unirían a los tres magistrados antes citados de la Sala segunda se uniría el propio presidente del Constitucional, Pascual Sala,  Manuel Aragón, Pablo Pérez Tremps y Adela Asúa. Al "conservador" se sumaría Javier Delgado, es decir, el asunto sería visto por una Sala de siete magistrados "progresistas" frente a cuatro "conservadores".

La decisión final debe conocerse antes de las doce de esta noche, que es cuando arranca la campaña electoral para las elecciones municipales y forales, aunque hay que tener en cuenta que el Supremo retrasó en 24 horas su decisión respecto del calendario señalado por la propia Ley Orgánica Electoral General (Loreg), lo que ha restado un día al tribunal de garantías para tomar su decisión.

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