El Consejo General de la Abogacía cifra en un millón los procesos pendientes de ejecución

  • El CGPJ propone investigar a aquellos juzgados que no alcanzan el rendimiento mínimo pese a los refuerzos enviados

Si ayer los Servicios de Inspección revelaron que en España existen 270.000 causas pendientes de ejecución en el ámbito de lo Penal, hoy el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) Carlos Carnicer, aseguró que la huelga de funcionarios de Justicia entre febrero y marzo ha provocado que el número de sentencias pendientes de ejecución en todas las juridicciones (Administrativo, Civil, Penal y Social) se eleve por encima del millón. Mientras, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuso investigar a aquellos juzgados que no alcanzan el rendimiento mínimo pese a los refuerzos con los que se les ha dotado.

"Ha sido una huelga extraordinariamente perniciosa", aseguró Carnicer con motivo de la presentación de dos estudios en los que se analiza la impresión que tiene los abogados y la sociedad de la Justicia. El presidente del CGAE se refirió al estudio hecho público ayer por el CGPJ y aseguró que la huelga de los funcionarios de Justicia "no se han notado sólo en estas causas que salen ahora sin ejecutar, que sólo hacen referencia a una parte del orden jurisdiccional (el Penal) pero en el orden jurisdiccional Civil, Administrativo y Social hay seguramente un número superior a un millón de ejecutorias sin resolver".

Carnicer apuntó al riesgo de vulnerar derechos fundamentales "como el primario de la tutela judicial efectiva, sencillamente porque habrá a quien se le habrá pasado la vez" y, además, en las consecuencias negativas que puede tener en la economía española la actual situación de la Justicia, porque "el dinero es muy miedoso y huye de cualquier sensación de inseguridad". "Una de las primeras cosas que preguntan los grupos financieros e inversores a los abogados al llegar a un lugar es qué tal son los juzgados de este distrito, qué tal funcionan, si hay buenos servicios... eso es muy importante", indicó.

Carnicer indicó que "en la actualidad hay cerca de 4.500 jueces, pero hacen falta más del doble de los que hay ahora". "Es cierto que este no es el único problema pero sí uno de ellos", añadió al tiempo que explicó que a los jueces hay que "darles el tiempo que precisa la calidad de una resolución". "Hay muchísimas cosas que hacer ya de inmediato que no cuestan dinero y otras que sí cuestan dinero, pero yo les hago mucho caso a nuestros gobernantes y si el presidente del Gobierno ha dicho que el problema no es económico es que el problema no es económico, vamos a hacer cosas entonces", enfatizó.

Por su parte, el vocal del CGPJ Javier Martínez Lázaro, encargado del Plan de Urgencia para las medidas de refuerzo en los juzgados, propuso hoy, a través de una escrito a la Comisión Permanente del CGPJ, abrir una investigación a lo titulares de los órganos destinados a la Ejecución Penal que, pese a los refuerzos con los que se les ha dotado, no alcanzan el mínimo de rendimiento. Entre ellos se encuentra el Juzgado de Ejecuciones número 2 de Madrid, del que es titular el magistrado Don Eduardo López Palop, quien denunció públicamente que la situación de colapso en este órgano le situaba "encima de un polvorín". 

Según los datos del Consejo, y pese a contar con el refuerzo que solicitó, el Juzgado de López Palop sólo resolvió durante 2007 el 81 por ciento de los asuntos que le correspondían como mínimo, mientras que en otros órganos, con mayor volumen de trabajo, las mencionadas ayudas sí dieron resultado. La Comisión Permanente del CGPJ se reunirá mañana para estudiar las medidas oportunas a la vista del informe de los Servicios de Inspección sobre las sentencias de lo penal pendientes de ejecución y para analizar la propuesta de Martínez Lázaro.

Martínez Lázaro recuerda en su escrito que tanto el CGPJ como el Ministerio de Justicia ya establecieron en 2005 distintos planes de refuerzo en los juzgados que tramitan ejecutorias penales y que han dado buen resultado en la mayoría de los casos. Lamentablemente, según este vocal, una minoría no alcanzado el módulo de trabajo mínimo. Por esta razón, cualquier refuerzo que se imponga a los juzgados que no han alcanzado el módulo mínimo de rendimiento debería ir precedido de una investigación exhaustiva de las causas que han provocado que los refuerzos impuestos hayan sido inútiles y no se hayan traducido en una mejora de la capacidad de resolución "porque, en caso contrario, volverían a ser inútiles".

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