LA comunicación entre la Reina y su hija mayor es constante, como lo es entre las dos hermanas, y también ha hablado el Rey con la infanta Cristina para expresarle el lógico cariño de padre en días que son muy dolorosos para toda la Familia Real en general y para la duquesa de Palma en particular. El caso Urdangarín ha provocado que la emotividad esté a flor de piel en los padres y hermanos de doña Cristina, pero lo que ha provocado también es una gran conmoción por la forma en que se están dando por ciertas algunas noticias que no lo son y que dañan la imagen de la Corona y de la Familia Real.

Es cierto que en La Zarzuela produjo incomodidad el reportaje publicado en portada de la revista Hola en el que se veía a la Reina muy sonriente en Washington con Urdangarín, aunque aquella visita tenía su lógica porque doña Sofía se encontraba en Nueva York, y no fue consciente de que su gesto de visitar a su hija, que atravesaba momentos difíciles, podía interpretarse como un apoyo explícito a su yerno.

Es cierto también que el Rey se ha interesado personalmente por las cuestiones procesales de Urdangarín, lo que tiene toda la lógica y no significa que haya habido presiones para que recibiera trato de favor; la prueba es que también es cierto que la infanta Cristina no se siente suficientemente apoyada por su padre, que desde que se conocieron las presuntas irregularidades de Urdangarín ha repetido hasta la saciedad que debe responder ante la Justicia como cualquier ciudadano español, y ante la sospecha de que no mantuvo una conducta ejemplar cuando presidía el instituto Nóos ha sido apartado de las actividades oficiales de la Familia Real, en las que hasta ahora tampoco ha tenido ninguna participación la infanta Cristina y no se ha decidido aún si la tendrá en el futuro inmediato. Pero siendo ciertas por tanto algunas de las noticias publicadas, hay que insistir en que otras no se corresponden en absoluto con la realidad. Y sólo el levantamiento del secreto del sumario pondrá las cosas en su sitio.

El juez Castro, que investiga el caso Palma Arena y que abrió una pieza separada para investigar los contratos entre el Gobierno balear y el Instituto Nóos, al que encargó la organización de varios eventos deportivos, finalmente ha imputado a Iñaki Urdangarín en base al escrito del fiscal Anticorrupción, que le atribuye presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad de documentos y fraude fiscal.

Urdangarín está citado a declarar el día 25 de febrero, pero podría hacerlo con anterioridad si lo considerase oportuno.

El levantamiento del secreto sumarial supone para Urdangarín que podrá saber exactamente de qué se le acusa, como ha explicado su abogado, y preparar así su defensa. Y supone también que se acaban lo que desde el entorno del duque de Palma se consideran filtraciones parciales e interesadas de parte del sumario; unas filtraciones que han provocado un gran malestar no sólo en la familia Urdangarín, sino también en un amplio sector de jueces y fiscales que no han dudado en denunciar públicamente la situación. El Código Penal considera delito la revelación de secretos sumariales, y más de un juez ha comentado estos días que no comprende la actitud del instructor de no proceder a una investigación sobre lo que ocurre en su juzgado.

Un juez que podría verse obligado a abandonar el caso si se confirma la idea de algunos profesionales que piensan que el caso Urdangarín corresponde a la Audiencia Nacional.

A principios de diciembre, el fiscal Anticorrupción negó esa posibilidad con un escrito en el que avanzaba que aún se estaba en una etapa inicial de las investigaciones, pero que no estaba "mínimamente acreditado ninguno de los presupuestos" que justificarían la competencia de la Audiencia Nacional, como son "defraudaciones o maquinaciones para alterar el precio de las cosas que supongan una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional" o "perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia". Es en este último punto donde se podrían encontrar argumentos para que el caso pasara a la Audiencia Nacional, ya que además de la pieza separada del Palma Arena de Baleares, Urdangarín tenía contratos con el Gobierno de la Generalitat valenciana que también han sido objeto de investigación judicial.

Levantado el secreto sumarial, además de abrir la puerta a Urdangarín para preparar su defensa, se abre también la puerta a jueces y fiscales para decidir, en función de las investigaciones del juez Castro, si efectivamente existen elementos que determinen si la competencia es finalmente de la Audiencia Nacional o debe mantenerse en el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma. Y en esa decisión ya no es concluyente el informe del fiscal, sino del juez de la propia Audiencia Nacional.

La imputación de Urdangarín y el levantamiento del secreto del sumario significa por tanto un giro de tuerca en un caso de tantas connotaciones institucionales: se pone nombre ya a los posibles delitos cometidos, se inicia la fase de preparación de la defensa del duque de Palma, y los jueces decidirán cuál es la instancia a la que compete el caso.