A diferencia del continuista Carlos Dívar, el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, y, a la vez, presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, se caracteriza por ser un magistrado con un claro talante de consenso y diálogo. El reciente mandatario elegido por los tres cuartos del Consejo asume el mando del mayor organismo español de los jueces en un momento convulso, tras renunciar al puesto el pasado 21 de junio Dívar, envuelto en una condena pública que le culpaba de gastar dinero público en viajes privados de lujo en Marbella.

Moliner, de 68 años y licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, se ha destacado desde el inicio de su carrera judicial, en el año 1969, por su tendencia progresista y su claro interés y especialización en el campo del derecho laboral. Fue juez de Primera Instancia en los Juzgados de Mataró y Alcira. Además, formó parte del secretariado en la Asamblea Constituyente de la Asociación Jueces para la Democracia en 1983 y volvió a ocupar esta misma plaza al año siguiente.

Junto a ello, fue nombrado presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el año 2008 y era magistrado de esta misma Sala desde 1998, diez años antes. Es miembro de la junta de gobierno del Alto Tribunal desde octubre de 2004. El valenciano ha firmado infinidad de artículos en revistas especializadas y ha escrito también varios libros entorno al derecho laboral, entre ellos: El recurso laboral de suplicación (1991), Los recursos en el proceso laboral de ejecución (1996) y Recurso laboral para la unificación de la doctrina (2003).

Desde luego, un curriculum bastante más amplio que su predecesor en la presidencia que llegó en 2008 durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y que que no sólo era hasta entonces ajeno por completo a la política judicial, sino que tampoco contaba con un prestigio indiscutible en el seno de la carrera. Y es que Dívar podía alardear en esas fechas de una larga trayectoria en la Audiencia Nacional, donde llevaba 28 años, los últimos siete como presidente, pero a nadie se le ocultaba que era fundamentalmente un juez de instrucción, que nunca había formado parte de un tribunal colegiado y que, por tanto, jamás había puesto una sentencia judicial.

Ahora se abre un nuevo camino judicial para Moliner, que lo afronta con optimismo tras coger la vara de mando el pasado martes 17 de julio con unas claras expresiones de alegría y la afirmación de que afronta el cargo con "ilusión, porque todos hacemos falta y con miedo, porque la cosa puede ser compleja". No obstante, aseguró con euforia que cree que "en el Consejo podemos actuar la mar de bien".

Al margen de su puesta de largo, Moliner se caracteriza por manifestar sus ideas y hace unos meses criticó la reforma laboral impulsada por el Gobierno e indicó que alguno de sus aspectos podría "rayar la inconstitucionalidad" al violar el derecho al trabajo. Fue concretamente durante una intervención pública en la XII Asamblea Nacional de Juntas de Gobierno de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, celebrada en Cádiz, en la que Moliner, entonces presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, señaló que el periodo de prueba de un año del nuevo contrato indefinido que introduce la reforma está en la frontera de lo no constitucional, ya que la Carta Magna reconoce el derecho al trabajo y a la continuidad en él, es decir, a no ser despedido sin causa justa.

También ha declarado públicamente que la nueva legislación laboral provoca una "importante limitación de la autonomía sindical, lo que supone una devaluación del derecho del trabajo en cuanto derecho compensador de las desigualdades".

El nuevo presidente del CGPJ cuenta con apoyos dentro del órgano judicial, como son el vicepresidente De Rosa, valenciano como él, la portavoz Gabriela Bravo, también valenciana, y otros diez vocales de uno y otro signo político.

Aunque quizá una de las voces más discordantes sobre la elección de Moliner sea la del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que pretende reformar a fondo la estructura del Consejo y quitarle poder a las asociaciones judiciales.

Algo a lo que ha respondido con elegancia el electo presidente del Consejo en sus primeras palabras: "No creo que se esté desmantelando el Poder Judicial o que el Gobierno tenga esa intención".