Los nefastos datos de retrasos en las resoluciones judiciales parecen no ser suficientes para que el ministro de Justicia reconozca el desastre e intentar ponerle remedio. Mariano Fernández Bermejo negó ayer en todo momento que exista un "colapso" en los juzgados de todo España, que pueden llegar al millón de sentencias pendientes de ejecutar. "Tenemos un problema endémico, que es la lentitud, pero en modo alguno se puede hablar de colapso", afirmó en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso.

El ministro tiene una explicación a los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 270.000 ejecutorias de sentencias pendientes en los juzgados de lo Penal. A su juicio, este dato no es correcto, o por lo menos no está bien interpretado. Bermejo sostiene que lo idóneo es hablar de sentencias en ejecución, porque muchas de ellas tardan años en finalizar su ejecución. Puso algún ejemplo como cuando una persona es condenada a pagar una indemnización y los tribunales le permiten pagarla a plazos. Hasta que no termine de pagar, la ejecución de sentencia no se da por concluida. "Técnicamente hay que hablar de procesos de ejecución en trámite", sostuvo.

"Estamos engordando una Administración que estaba raquítica" y arrastraba "muchoa años de antigüedad", señaló Bermejo, que reconoció que existen problemas estructurales aunque, añadió, es importante plantearse la situación con el realismo que ésta requiere.

De todas maneras, el titular de Justicia tuvo que reconocer que la administración de la que es responsable no funciona todo lo bien que debiera y por eso anunció en rueda de prensa una serie de medidas a poner en marcha como la creación de quince nuevos juzgados de lo Penal y un sistema informático de control de ejecutorias. Entre otras iniciativas, se va a implantar el Minerva NOJ (Nueva Oficial Judicial), cuyo proyecto piloto comenzará en Murcia a partir del próximo 19 de mayo.

En el ya existente registro central de penados y rebeldes se va a instaurar una nueva aplicación informática para hacerlo más efectivo, además de incluir un registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, para evitar que ocurra otra vez hechos similares a los del presunto asesino de la pequeña Mari Luz, Santiago del Valle. Estas novedades podrían comenzar a finales de este años o principios del que viene. Por último, Fernández Bermejo anunció que va a modificar 21 leyes procesales para propiciar el cambio del método de trabajo y que el juez se dedique principalmente a juzgar. Aunque para llevar a cabo todo esto se necesita, según explicó el ministro, un pacto de Estado con todos los grupos parlamentarios.

Ante estos malos datos, que ponen al sistema judicial en entredicho, el CGPJ decidió ayer encargar al Servicio de Inspección un seguimiento continuo de los Juzgados especializados en Ejecutorias penales y de los de lo Penal ordinarios con competencias en esta materia al registrar unos niveles de pendencia "por encima de lo deseable". La comisión permanente del órgano de los jueces adoptó por unanimidad esta decisión después de realizar un informe en el que sale a la luz que existen 270.000 sentencias sin ejecutar. También decidieron remitir este informe al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia "para su conocimiento y a los efectos oportunos".

Además, se dio el primer paso para investigar por qué en algunos Juzgados que han sido reforzados la situación no ha mejorado en los últimos meses.