Euroorden

Rifirrafe judicial al rechazar la entrega de tres ex 'consellers'

  • El Supremo ve nula colaboración de Bélgica por no extraditar a los huidos Comín, Puig y Serret.

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El rifirrafe político que sacude España desde hace años por el desafío secesionista catalán ha salpicado también a las instancias judiciales no sólo en nuestro país, sino también de la Unión Europea. La Justicia española recibió este miércoles un importante revés al rechazar un juez belga la extradición de los tres ex consellers huidos en Bruselas, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, al entender que la euroorden dictada contra ellos por el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena tiene "defectos de forma" en el procedimiento, al estimar que no tiene "equivalencia" con la orden de detención nacional.

La Fiscalía informó de que no cabe ningún recurso contra esta decisión por parte de las autoridades españolas.

En el TS se revolvieron contra esta decisión. Fuentes de la Sala de lo Penal reprocharon de manera no oficial al juez belga que rechazó la entrega de Comín, Serret y Puig su falta de compromiso con la obligada colaboración judicial con España. El Supremo está pendiente de recibir la resolución para estudiarla, pero por lo que había trascendido considera que la denegación de la entrega puede interpretarse como una ausencia de compromiso con prestar colaboración judicial. Estas fuentes recuerdan que el 21 de marzo de 2018 se dictó un auto de procesamiento en donde se expresaban los hechos y los argumentos jurídicos por los que se los consideraba ya procesados, y por los que, a esa misma fecha ya, el instructor adoptada la medida cautelar de prisión.

Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de los ex consejeros catalanes, explicó que esto da por "terminado" el caso en Bélgica, dado que el juez dictó sentencia in voce -verbalmente-, aunque aún debe hacer pública la decisión oficial, que supondrá la retirada de las medidas cautelares impuestas a los tres políticos "probablemente en las próximas horas". Según Cuevillas, "la petición cursada por el Estado español era irregular en aplicación de un conocido precedente europeo", la sentencia Bob-Dogi, según el cual "para que pueda cursarse una orden europea de detención, ésta tiene que estar respaldada por una orden nacional de detención".

Se trata del caso del camionero rumano Niculaie Aurel Bob-Dogi, detenido en su país y reclamado por la Justicia húngara, al que Rumanía denegó su extradición en 2015 y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio la razón el 1 de junio de 2016.

Con la decisión de Llarena de retirar la primera euroorden de detención "perdió vigencia la orden española de detención que la respaldaba", según el abogado.

"Lo observamos en el primer momento, y cuando llegó esta segunda euroorden, lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía belga", agregó, y dijo que "tanto la Fiscalía como la defensa se han mostrado conformes en que debía rechazarse la euroorden y no era admisible ni siquiera su estudio".

Tras este revés para la Justicia española, los abogados de Carles Puigdemont harán valer también el precedente Bob-Dogi ante el tribunal del estado alemán de Schleswig-Holstein que examina las acusaciones contra el ex president por malversación y sedición. Asimismo, el juicio en Escocia por la extradición de la ex consellera Clara Ponsatí se iniciará el 30 de julio y se alargará hasta el 31 de agosto, según anunció su abogado, Aamer Anwar.

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