El terremoto político con epicentro en Cataluña no sólo ha tenido consecuencias inmediatas para la Administración autonómica catalana, sino que ha supuesto una sacudida brutal para el conjunto de las instituciones del Estado, tanto a nivel central como autonómico. Las insensateces de los dirigentes independentistas han reabierto una grieta que puede desestabilizar el edificio del Estado de las Autonomías, construido desde el mismo andamio de las conquistas democráticas y sociales erigidas durante la Transición política.

No hay duda de que nos encontramos con una gravísima patología que afecta a los pilares mismos de esta casa común como resultado de la desenfrenada y antisolidaria demagogia de los secesionistas. Las elecciones a la vista podrán aliviar o agravar el problema generado, no sabemos. Pero es seguro que los efectos secundarios afectarán a la actual configuración del Estado Autonómico.

Porque del otro lado han aparecido unas reacciones dialécticas que quieren aprovechar la ocasión para poner en cuestión unas realidades políticas, sociales, culturales y administrativas altamente respetables: las Autonomías. Y pasadas las réplicas del seísmo, nos tememos que querrán arrasar con ellas y con la índole de naciones o países que tienen las regiones españolas y los hechos diferenciales que las distinguen.

Sí, naciones y países. Porque el uso del término nacionalidades, creado seguramente en su día para conformar a unos y otros, hoy va quedando obsoleto. Introducir nacionalidades junto con regiones era postular, sin queriendo, autonomías de primera y de segunda.

Para algunos serían nacionalidades los entes autonómicos que hablasen, aparte del español o castellano común, otras lenguas; y, eminentemente, los que tuvieran o hubieran tenido ámbitos forales recientemente abolidos o hubiesen gozado de un Estatuto. El resto serían regiones. O, traducido al lenguaje recentralizador, "autonomías de provincias".

El primer riesgo para los andaluces es el recelo autonómico de la derecha centralista

No podemos extendernos ahora, por ejemplo, sobre el hecho histórico diferencial andaluz, la unidad geográfica de las béticas, su considerable extensión, su elevada población o su cultura y su vocabulario de un español mucho más extendido que el castellano. Ni en las causas primigenias de gran parte de la distorsionada estructura social andaluza. Recomendamos las publicaciones e investigaciones del Centro de Estudios Andaluces para los que aún desconocen estas cuestiones. Porque lo que aquí hoy planteamos es algo más general, más de futuro que de pasado, más práctico que conceptual: para que en esta hora que está llegando de revisión de la estructura política territorial de España, Andalucía (al menos) no sea víctima ni de la recentralización añorada por un nacionalismo rancio ni por la asimetría pretendida por otros nacionalismos, aún moderados.

El primer riesgo que los andaluces y otras comunidades podemos correr está generado por el recelo autonómico de las derecha centralista. Me refiero a la democrática, la extrema no debe contar en nada. Para aquella, el cogollo del problema está en la "pérdida de poder del Gobierno central" en lo financiero y la "falta de capacidad para imponer una coordinación en la implementación" de ciertas "políticas de gasto" (FAES 2010). Les inquieta el aumento de funcionarios en las autonomías y no en una Administración central expandida en muchas competencias no explícitas, regulatorias y ejecutivas, de las que fue vaciada por la Constitución. Por cierto, la administración única que propuso Fraga en su día postulaba que todas las competencias, todas (salvo Hacienda, Seguridad Social, Interior, Justicia, Defensa y Exteriores) pasaran a depender de las comunidades autónomas.

La 'preindependencia' catalana no puede retrotraer a España a la 'preautonomía'

La otra amenaza que vamos a heredar de este conflicto es la asimetría pretendida por las derecha nacionalista. Me refiero a los no independentistas: los separatistas se han suicidado. Los moderados no pretenden más de lo que tienen, cosa que se puede y debe hablar en términos políticos, institucionales, culturales, hasta recaudatorios... Quieren tener más que los demás. Y ahí tenemos que plantarnos: diferencias, sí; pero sin merma de derechos. Igualdad no significa uniformidad. En España existen singularidades y hechos diferenciales. La mejor parte de la ciudadanía española los respeta y reconoce sin duda alguna. Pero, con la misma rotundidad, no consiente que esas diferencias sirvan como excusas para alcanzar determinados privilegios. La ciudadanía andaluza, por ejemplo, respeta y respetará la diversidad, pero no permitirá la desigualdad ya que la propia Constitución Española se encarga de señalar en su artículo 139.1 que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado y se recoge textualmente en el preámbulo el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Que España se dirige a una forma de Estado federal o confederal creemos muchos de nosotros que es un hecho irreversible. Cada vez somos más los demócratas partidarios de correr el riesgo de abrir el melón de las necesarias reformas que modernicen el modelo territorial. Eso sí, me consta que la dirección federal el PSOE estará muy alerta, hoy como ayer, ante cualquier solución que pase por una ruptura de la cohesión social a la hora de atender las necesidades de la ciudadanía.

La asimetría política, institucional o cultural, si tiene que producirse, no puede llevarnos a la insolidaridad territorial. De ninguna manera. Si esto se olvidase, el conflicto territorial se convertiría en social. Por ejemplo, los andaluces estamos acostumbrados ya a tener una autonomía de primera y tenemos la conciencia, expresamente recogida en nuestro Estatuto, de constituir una realidad nacional tan legítima como las que más. Y sí, la autonomía es como la democracia: una manera de gobernar. No la solución milagrosa frente a la existencia de mayores o menores distorsiones políticas, económicas o sociales... Pero los hechos demuestran que puede ayudar a enfrentarlas. Democracia y Autonomías son siamesas en la historia reciente de España.

La autonomía tiene grandes defectos, pero muchos menos que el centralismo. La sola autonomía no resuelve nada. Como tampoco la existencia de las instituciones de autogobierno. O la protección de nuestras robustas y sólidas identidades y singularidades. O la puesta en valor de las peculiaridades sociales y patrimoniales de cada territorio. O la apuesta por diferenciar un acervo natural, social y cultural propio... Pero sí se ha demostrado como un instrumento que, bien aplicado, ha sido muy útil y en muchas ocasiones para avanzar en la autoestima de la ciudadanía, el bienestar, la igualdad y la justicia social, la cohesión y solidaridad, y el desarrollo socioeconómico y cultural en muchos lugares. Y que ha favorecido la convivencia armónica, el desarrollo político, social y económico en España durante todos estos años de Estado Autonómico, aunque no se lo reconozcan hoy día los recentralistas o los asimétricos, los desmemoriados o los recién llegados.

En fin, insistimos: estemos alerta. Cuidado con la involución en una doble dirección: ante la tentación aun bienintencionada de resolver la situación volviendo a las dos viejas categorías de Autonomías y ante una virtual merma del autogobierno por las reacciones de las corrientes recentralizadoras. A ver si se va a cumplir la paradoja de que los que llevaron a Cataluña a la preindependencia lo que consiguieron al final es retrotraer a España a la preautonomía.